l grupo de legisladores más cercanos a la gestión Cóccaro está trabajando en la elaboración de un borrador que reemplace el "proyecto de ley de Saneamiento Financiero del Sector Público Provincial y Transición Ordenada" que presentó el viernes ante el Parlamento el gobierno provincial.
La iniciativa oficial fue cuestionada por este sector que integran legisladores de diversa extracción política, ya que entienden que por un lado se le han incorporado medidas que son de estricta incumbencia y resolución del Ejecutivo, en tanto que otras parecen apuntadas a generar conflictos en sectores del Estado que actualmente viven un clima de normalidad.
A modo de ejemplo se mencionó la pretensión de disponer de la totalidad o parte de los fondos de otros organismos estatales, o de echar mano a los fondos de asignación específica para Medio Ambiente; Desarrollo de los Recursos y Ambientes Naturales y para el Desarrollo de la Tele–Radiodifusión Provincial". Ni que hablar entonces de los asignados al Fondo Social de Reactivación Productiva, "a los que hace poco tiempo, y por pedido del gobernador Cóccaro, declaramos intangibles", señaló un parlamentario, que calificó la propuesta gubernamental como "un verdadero mamarracho".
Las diversas fuentes consultadas interpretaron que una vez depurado el proyecto de las cuestiones más controvertidas, entre las que se mencionó la suspensión del pago de la deuda previsional histórica, se estará en condiciones de contar con los 10 votos necesarios para aprobar una ley que declare la emergencia financiera, por un plazo que podría extenderse hasta 12 meses, y que autorice al Gobierno a gestionar la toma de empréstitos por un monto global del orden de los 110 millones de pesos.
Hoy se intentaría avanzar en la búsqueda de una fórmula de consenso, a fin de acelerar la resolución del tema. A pesar de ello, se estimó muy poco factible que una cuestión de tal magnitud pueda se resuelta sobre tablas en la sesión ordinaria de este jueves.
