os agentes judiciales agremiados en la UEJN denunciaron a Ferro la semana pasada, e inmediatamente el juez penal de esa ciudad, Héctor Ochoa, emitió un oficio con carácter de urgente para que el secretario general del gremio, Luis Bechis, informara sobre los balances y manejo de fondos de la entidad.
Según informó en su momento el medio Actualidad TDF de Río Grande, a principios de este mes se realizó una asamblea en el juzgado de Río Grande a puertas cerradas, debido a que habrían notado que de las retenciones dinerarias que les hacía el gremio no tenían el destino precisamente para el cual debían ser utilizadas. Según el medio, la asamblea llegó a un momento en el que todos le reclamaron a Ferro devolver una suma cercana a los 37.800 pesos, que sería el faltante de dinero de las arcas de la mutual.
El hecho fue descubierto por los propios empleados del juzgado, quienes de esta manera fueron recabando información sobre las deudas de la mutual con algunos comercios donde podían hacer compras con el sistema de descuento de haberes, y con los que el convenio se había caído por las abultadas sumas adeudadas.
Pese a desmentir en primer momento tal anomalía, Ferro finalmente accedió a acompañar a los empleados judiciales a su domicilio particular, y allí entregó un televisor con pantalla LCD de grandes dimensiones, así como reproductores de DVD, uno casero y otro portátil para el auto.
Los artefactos quedaron a resguardo de los empleados, mientras una asamblea en la presente jornada determinará los pasos a seguir por los empleados judiciales en un escandalete de grandes proporciones.
Por su parte, desde el Superior Tribunal de Justicia abrieron una instancia administrativa con el objeto de determinar posibles responsabilidades por parte del agente judicial, más allá de lo que resuelva la justicia penal en ese sentido.
