espués de la audiencia pública celebrada por el Concejo Deliberante de Ushuaia el 22 de agosto pasado, donde se llevó a discusión el proyecto de ampliación de la Terminal Aeropuerto Internacional Ushuaia, la Fundación Finisterrae cuestionó públicamente varios puntos del emprendimiento, tras haber analizado exhaustivamente la documentación puesta a disposición por la empresa London Supply, impulsora del plan.
Graciela Ramaciotti, presidenta de la organización ambientalista, puso bajo la lupa la altura que demandará la ampliación del edificio, teniendo en cuenta que ésta seguirá el diseño del edificio actual. "El alto gasto ambiental ya lo hemos pagado con la primera obra, entonces ahora hay que afinar el problema de altura, que ocasiona una gran desperdicio energético", expreso la denunciante al considerar que existe un gran derroche de gas para calefaccionar la altura en cuestión; pese a que continuamente se hace referencia a que la ciudad sufre escasez de fluido y sobre todo, en un país con una grave crisis energética.
La ONG criticó además que el proyecto no hiciera ninguna mención sobre el destino de los efluentes, puesto que sólo haría referencia a que serán conectados con los desagotes ya existentes. Sin embargo, considerando que, al momento de la construcción del edificio actual no estaba vigente la Ley 55, se aduce que es evidente que estos van a parar crudos al mar. Por ese motivo, insisten en que, inevitablemente, se deberá instalar una pequeña planta depuradora de efluentes con el fin de no recargar la ya ineficiente depuración de la ciudad.
Paralelo a lo precedente, Ramaciotti apuntó que hay que considerar que el área de Obras Privadas de la Municipalidad a la fecha cuenta con sólo ocho inspectores para toda la ciudad, motivo por el cual puso en duda la capacidad de cumplir con todos los controles de las grandes obras en ejecución y las ya ejecutadas.
Impacto en la comunidad
En otro orden de cosas, más allá del impacto ambiental, la presidenta de Finisterrae no quiso dejar de lado el impacto social que podría ocasionar este emprendimiento, sin desconocer a su vez los beneficios que traerá a la población "teniendo en cuenta el hacinamiento que padece en el verano y el precio que pagamos desde hace diez años por utilizarlo", repudió. En ese sentido, Graciela Ramaciotti manifestó incertidumbre sobre
quién pagará esta obra: "¿Será sólo London Supply, que ahora tiene 20 años más de concesión? Esperamos que ni la Provincia ni la Nación pongan aquí ni un centavo, y mucho menos nosotros, los residentes, con la tasa de aeropuerto".
Por eso, la referente mencionó que será importante ejercer el control sobre cada punto del proyecto de ampliación, incluso no descartó iniciar acciones correspondientes, en caso de que la empresa impulsora no cumpla con lo estipulado por las normativas vigentes.
