48 horas de que se presentara un pedido de juicio político contra el gobernador Cóccaro por la abstención de opinión del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Ejercicio 2006 del Poder Ejecutivo, el bloque parlamentario del ARI presentó ayer un proyecto ley para que la Legislatura respalde la postura del órgano de control y deseche la Cuenta General de Inversión del Ejercicio 2006 del Poder Ejecutivo, de la Dirección Provincial de Puertos y del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas; apruebe con "las salvedades y limitaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas" las del Poder Judicial, Instituto Provincial Autárquico de Seguridad Social, Dirección Provincial de Energía, Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, Instituto Provincial de Vivienda, Instituto Fueguino de Turismo, Caja Compensadora de la Policía y Tribunal de Cuentas; y apruebe la del Poder Legislativo.
De prosperar esa iniciativa, el gobernador Cóccaro vería sumamente comprometida su posición respecto del proceso instado en su contra por el abogado Alejandro de la Riva.
De concretarse ese rechazo se reiteraría casi exactamente la situación vivida en 2005, cuando se instruyó uno de los dos juicios políticos contra Colazo, que culminaron con su destitución como gobernador de Tierra del Fuego.
La iniciativa en cuestión puede tener dos lecturas políticas. Por un lado, la bancada del ARI podría buscar de esta manera despegarse, de alguna manera, de las imputaciones formuladas contra la Legislatura por el denunciante en su presentación. En tanto que, por el otro, estaría allanando el terreno para que prospere el pedido de juicio político, ya que resulta evidente que para que el planteo sostenido por el doctor de la Riva tenga pleno sustento, es necesario que la Legislatura haya convalidado, al desechar la Cuenta General del Ejecutivo, el criterio técnico negativo del Tribunal de Cuentas.
