a Legislatura sancionaría hoy por mayoría el marco normativo que vendrá a regular el funcionamiento de los establecimientos educativo de gestión privada y su relación con el Estado provincial.
La redacción de la norma, que venía siendo reclamada desde hace más de una década por el sector de la educación privada, terminó de ser consensuada durante las últimas horas de la tarde de ayer, lo que habilitó a que la comisión de Educación emitiera dictamen favorable sobre el particular y que el asunto fuera incorporado al orden del día de la sesión que comenzará a las 10 de hoy.
No se descarta la posibilidad de que pueda ser abordado sobre tablas el proyecto de ley que busca eximir por 1 año a BGH del pago de tributos provinciales, para colaborar con el reestablecimiento productivo de la empresa siniestrada a fines del pasado mes de julio. El tratamiento de la iniciativa está supeditado a que el Ejecutivo acerque la documentación referida al impacto económico que la medida tendrá sobre las finanzas provinciales a lo largo de 2008.
Al margen de estos dos proyectos, el Parlamento ratificaría hoy algunos convenios y declaraciones de interés provincial.
Los privados con ley propia
Con la oposición del ARI pero con el casi seguro respaldo del resto de los bloques políticos, el Parlamento saldará una vieja deuda con el sector educativo, al aprobar la ley de educación pública de gestión privada.
La norma, fundamentalmente, viene a garantizar el aporte económico del estado con los establecimientos educativos de gestión privada, incluso de aquellos que están constituidos como sociedades comerciales que persiguen un fin de lucro.
Este aspecto fue uno de los que más controversia había generado. La Constitución determina que "el Estado podrá cooperar económicamente con instituciones privadas sin fines de lucro", lo que implicaba que cerca de 8 establecimientos educativos hoy subvencionados perdieran ese beneficio, con el riesgo de que ello implicara perjudicar a unos 3 mil alumnos.
Para tratar de compatibilizar la manda constitucional y los derechos adquiridos por estos establecimientos, se buscó una fórmula que limite el aporte estatal a las instituciones con fines de lucro que actualmente están incluidas dentro del régimen de subsidios.
