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on menos debate del que se preveía, la Legislatura aprobó por mayoría la ley de educación para las escuelas públicas de gestión privada, con lo que se zanjó el vacío legal que existía en la materia desde 1993, cuando la Nación resolvió llevar adelante la trasferencia educativa a las provincias.
La propuesta aprobada ayer viene a regular las relaciones de los institutos de educación pública de gestión privada con su personal docente y sus alumnos, y entre los institutos y el Estado fueguino especialmente en lo que hace al aporte financiero que se les reconoce como derecho.
Ni bien iniciado el tratamiento de la Ley, Raimbault cuestionó que el proyecto no haya sido puesto a consideración de la comisión de presupuesto, a pesar de que la aprobación implicaría incrementar en 80 millones de pesos el monto presupuestario destinado a atender el subsidio con los establecimientos de gestión privada. El arista aseveró que con la sanción de esta norma lo único se buscaba era garantizar el aporte estatal al sector privado, y que la ley resultaba abiertamente inconstitucional ya que violaba el precepto que impide que el Estado coopere económicamente con instituciones educativas privadas con fines de lucro.
Patricia Pacheco, presidenta de la comisión de educación y principal impulsora de la norma en cuestión, defendió el trabajo realizado en comisión y el contenido del proyecto. Descartó de plano la pretendida inconstitucionalidad de la norma y lamentó que se pretendiera objetar la ley por cuestiones "políticas".
El radical Velázquez sumó también su apoyo a la ley, ya que dijo que viene a resolver una necesidad de ese sector de la educación fueguina, y acusó al ARI de mezclar en este debate las diferencias ideológicas que los integrantes de esa bancada mantiene con "algunos directivo de establecimientos privados", en obvia referencia al decano de la UTN y candidato a senador por el PUL, Mario Ferreyra.
La lectura del proyecto solo se vio suspendida cuando se abordó el artículo 44, el que a entender del radical Bericua y del arista Raimbault resultaba abiertamente violatorio de la legislación que regula la relación laboral de los colegios privados con sus docentes. Para evitar controversias que pudieran entorpecer la aprobación del proyecto, los defensores de la iniciativa propusieron suprimir del texto de la norma el cuestionado artículo.
Antes de que el asunto fuera sometido a votación nominal, ya que así lo había solicitado Pacheco, el justicialista Saladino manifestó su cerrada oposición a la sanción de la ley de educación privada. Aseveró que resultaba un despropósito plantear, en una situación de crisis como la que vive la provincia, que el Estado destine parte de sus escasos recursos a financiar una actividad que persigue como fin el lucro.
La votación nominal de la propuesta arrojó que el proyecto fue aprobado por los votos favorables de los legisladores radicales Bericua y Velázquez; los mopofistas Löffler, Frate, Vargas y Portela; los justicialistas Guzmán, Lanzares y López, y Pacheco de Unión Popular, la oposición de los aristas Martínez y Raimbault, y del justicialista Saladino. En tanto los legisladores Sciutto (PJ) y Martínez (26 de abril) no participaron de esta 5 sesión ordinaria.
 
PAF sin asignación específica

Infructuoso resultó el nuevo intento del ARI por lograr que la Legislatura afectara al pago de la deuda previsional histórica los 30 millones de pesos provenientes del Programa de Asistencia Financiera acordado con el Gobierno nacional. Esa misma bancada había intentado sin éxito en la sesión pasada lograr esa afectación específica. Como si fuera un calco de lo sucedido entonces, ayer se reiteraron argumentos y hasta incluso los mismos debates, así que no fue extraño que el resultado fuera el mismo.
A pesar de ello, el debate dejó al descubierto la flexibilidad con que el Parlamento maneja el respeto a las normas constitucionales.
El reclamo por afectar los 30 millones del PAF a la cancelación de la deuda reconocida por ley 676 contemplaba que esos recursos fueran depositados en el Banco Nación, en la cuenta corriente que la mencionada ley manda a abrir al efecto, en abierta y franca contradicción con el artículo 72 de la Constitución, que establece que en el Banco de la Provincia es "Caja Obligada del Gobierno, los municipios y los demás entes autárquicos y descentralizados"

Auditoria del Central por operaciones del grupo Cóccaro

En lo que sí el bloque del ARI consiguió el pleno respaldo de sus pares, fue en la probación de una resolución mediante la que se instruye al Tribunal de Cuentas a que remita al Banco Central todos los antecedentes de la auditoría que el órgano de control realizó en el BTF sobre la operación de alquiler de título realizada por la empresa Cóccaro para cancelar la deuda que había contraído con la entidad bancaria provincial.
En el informe elaborado por el Tribunal se menciona que resultó técnicamente imposible certificar a ciencia cierta el monto de la deuda cancelada, por el faltante de respaldo documental de algunas de las operaciones. Para el arista Martínez esto evidencia el irregular procedimiento seguido con la deuda del grupo Cóccaro. Como contrapartida, el radical Bericua interpretó que la falta de claridad documental fue producto del informal e irregular manejo hecho por el BTF de su cartera de deudores.
Al margen de estas divergencias de criterios, el proyecto fue aprobado por unanimidad.