a posibilidad de que el Gobierno pueda disponer de hasta 70 millones de pesos en Letras de Tesorería para el pago de proveedores comenzará a definirse recién a comienzos del próximo mes.
En el encuentro del que tomaron parte ayer representantes de diversos gremios estatales, del Tribunal de Cuentas, del Gobierno y legisladores se fijó la fecha del próximo encuentro para la primera semana de octubre, a la vez que se solicitó al Poder Ejecutivo que remita el detalle de las Letras de Tesorería que ya haya emitido en función de la autorización conferida por ley de presupuesto, el listado de deudas con proveedores y el de libramientos de pago diferidos. A esa información se sumará la certificación de la deuda flotante al 31 de julio pasado, que el Tribunal de Cuentas estaría culminando en las próximas horas, como así también el informe definitivo sobre la Cuenta General del Ejercicio 2006 de la Administración Central.
Esos datos permitirán ir definiendo desde el plano político y técnico la conveniencia o no de avanzar en la modificación del artículo 18 de la ley de presupuesto 2007, para incrementar en 50 millones la autorización para que la Tesorería General pueda emitir "Letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto de 70 millones de pesos. Tal lo prevé la norma en vigencia, esos instrumentos "podrán ser transferibles y tendrán poder cancelatorio para el pago de deudas tributarias, proveedores y demás obligaciones del Tesoro Provincial", y tendrán un plazo de rescate o amortización del 360 días contados a partir de la fecha de emisión.
El secretario de Hacienda, Carlos Seoane, indicó que de los 20 millones de Letras de Tesorería autorizadas en el presupuesto se habían librado efectivamente entre 4 y 6 millones de pesos, ya que la parte restante había sido emitida y se encontraba a resguardo para ser destinada al pago de deuda previsional.
El impulsor de la iniciativa, Luis Velázquez, defendió la iniciativa como una alternativa válida para transitar sin sobresaltos económicos y financieros la última etapa de la gestión Cóccaro y el inicio de la gestión Ríos, ya que a su entender la ampliación del monto de Letras a emitir permitirá además de pagar deuda con proveedores, y garantizar así la prestación de diversos servicios, comprometer los recursos de coparticipación, regalías y tributos exclusivamente al pago de obligaciones salariales y de trasferencias a los municipios.
Desde la bancada del ARI se reclamó que a la propuesta de Velázquez se le incorporara como requisito previo al pago en Letras, la intervención del Tribunal de Cuentas para que certifique la legalidad de la contratación y la racionabilidad del precio contratado. Señaló que este paso de control resulta indispensable para garantizar la trasparencia de los pagos, sobre todo cuando existen "proveedores que nos están diciendo que hubo coimas y sobreprecios". Dijo que por ello "no podemos discutir herramientas financieras sin condicionantes de legalidad y racionabilidad de precios".
La propuesta fue objetada por el Secretario de Hacienda, ya que el funcionario dijo que ese tipo de control debe hacerse en la etapa de la contratación y no del pago, pero esa postura no fue recepcionada por los parlamentarios.
José Martínez sumó su respaldo al planteo de su par de bancada. Incluso fue más allá, y manifestó que un grupo de contratistas había asegurado ante él y los legisladores justicialistas Saladino y Sciutto que durante la campaña a la Gobernación se les habían liberado pagos a cambio de un aporte proselitista. Estos dichos fueron avalados por Sciutto.
Por el lado de la representación gremial, la postura fue unánime en cuanto al reclamo de contar con la información de cómo, quién y en qué se gastó cada peso del presupuesto de la Provincia durante estos últimos años, como requisito previo e indispensable antes de resolver si se autoriza una ampliación del monto a emitir en Letras de Tesorería.
El destino de las Letras
De acuerdo a información extraoficial, el Gobierno debe hacer frente mensualmente a unos 45 millones de pesos para proveedores. El incremento en la emisión de Letras iría destinado a cancelar de manera escalonada únicamente ese tipo de obligaciones, no así las existentes con contratistas, que están al recupero de los fondos nacionales destinados a la emergencia edilicia educativa.
