l ministro de Gobierno de la Provincia, Guillermo Aramburu, consideró que los magistrados, y mucho menos los funcionarios, deberían encontrarse exentos del tope constitucional que establece que nadie puede ganar más que el Gobernador de la Provincia.
Aramburu consideró que "no solamente el tenor literal del articulado de la Constitución que establece que cualquier empleado o funcionario tiene ese tope responde a una lógica de división e interrelación de poderes, porque recordemos que el sueldo del Gobernador lo fija la Legislatura. Por ende, la Legislatura representa la máxima expresión de la soberanía popular; entonces el pueblo representado en la Legislatura determina cuánto sus funcionarios deben ganar. En función de eso el Poder Judicial no debería encontrarse exento de los parámetros que la propia ciudadanía a la cual dicta justicia le ha impuesto".
Avanzando en su análisis, el funcionario agregó que si "no afecta a su condición de magistrado, mucho menos afecta a la intangibilidad de los salarios de los jueces", y remató diciendo que los mismos deberían estar alcanzados por la manda constitucional.
"Si hubiera alguna discusión en cuanto a la interpretación del carácter de magistrados, donde no hay seguramente ninguna duda, es respecto de los funcionarios", manifestó. Por esta razón sostuvo que "si ha mi juicio es ilegal la excepción del tope a los magistrados, con más razón lo es el de los funcionarios".
Asimismo se refirió a los otros organismos dependientes de la Provincia y sostuvo que "los entes descentralizados, no obstante su autarquía, se deberían ver en la obligación de imponer el tope".
Efectivización de la medida
Por otra parte, al ser consultado en cuanto a la concreción de la medida, Aramburu dijo que "la idea es instrumentarla con la liquidación de los sueldos del mes de enero, aunque el problema puede ser administrativo y del límite operativo de tiempo que hay para poder liquidar los haberes". No obstante, aclaró que "de no entrar a partir del mes de enero se aplicará con los sueldos del mes de febrero que se liquiden en marzo".
El funcionario sostuvo que el tope constitucional tendrá aplicación en los agentes de la administración central, aunque "se ha convocado al resto de los poderes y a los distintos organismos del Estado cuya investigación no depende de la administración central, se los ha exhortado a cumplir con el tope establecido por la manda constitucional".
"No hay dudas de que poner un límite que responda a un parámetro que es constitucional no amerita ningún grado de análisis porque responde a un parámetro de racionabilidad que además, de no ser aplicado, conlleva una inequidad en la liquidación de los salarios de los propios trabajadores estatales", concluyó.
