a Jueza de Instrucción Cristina Barrionuevo sobreseyó a los 6 imputados en la causa en la que se investigaba una presunta defraudación contra la Administración Pública, por la celebración de un acuerdo transaccional suscrito en noviembre de 2006 entre la Provincia y el concesionario de la Hostería Petrel, para poner fin a un largo litigio que enfrentaba a las partes.
La denuncia presentada oportunamente por el ex presidente del InFueTur, Guillermo Torre, ante el Tribunal de Cuentas, motivó que el organismo de contralor iniciara una investigación sobre el acuerdo alcanzado, que concluyó en una denuncia penal contra el ex ministro de Economía Raúl Berrone; el ex presidente del InFueTur, Osvaldo Magi, el titular de la concesión de Hostería Petrel, Edoardo Sandri; el ex subsecretario de Obras Públicas, Jorge Domínguez, y tres empleados del ministerio de Obras Públicas, que realizaron un informe técnico sobre las mejoras realizadas en el inmueble por el concesionario.
A entender del Tribunal de Cuentas, en el acuerdo transaccional -en el que se compensaron dudas tributarias del concesionario por las obras realizadas por éste- se le reconoció "un saldo ficticio por 1 millón de pesos", al que Sandri renunció a cambio de la explotación de la Hostería por 15 años, prorrogables por otros 10.
La magistrada sostiene, en su escrito, no compartir la opinión del auditor del Tribunal de Cuentas, arquitecto Ortega, ni los cuestionamientos que este formula respeto del informe estimativo y preliminar que de las mejoras habían realizados los técnicos de Obras Públicas, en el entendimiento que el Auditor incurrió en subvaluación de las obras en función de los precios de construcción vigentes para ese entonces en la provincia.
También descarta la calificación de "documentación oficial ideológicamente falsa" que había planteado el Fiscal Mayor respecto del informe de Obras Públicas, la que a su entender "resulta a todas luces inexacta".
Barrionuevo señala también que no está en condiciones de afirmar, como se traslucía en la denuncia, que el por entonces ministro Berrone o Sandri hubieran manipulado los sistemas de Rentas "a los fines de obtener información falsa de la deuda que el concesionario mantenía con el Estado".
Precisa que a la fecha del acuerdo "Sandri seguía siendo acreedor del Estado y no deudor como lo sostenían los informes del Tribunal de Cuentas" y que, por lo tanto, "la solución intentada por Magi, entonces presidente del InFueTur, y por los firmantes del convenio del 16 de noviembre de 2006, Berrone y Sandri, sólo pretendía buscar una solución a una situación irregular desde hacía varios años y que por otra parte no implicó un perjuicio económico al Gobierno de la Provincia, puesto que le convenio en cuestión después de la intervención del Tribunal de Cuentas fue declarado nulo".
Agrega además, que el Tribunal no cuestiona el procedimiento seguido hasta la firma del acuerdo "sino que entiende que no resulta viable una concesión en compensación a una deuda inexistente por parte del Estado, afirmación que en principio y a esa fecha resultaría falsa; imponiéndose la obligación de dar una inmediata y definitiva solución al conflicto existente desde hace varios años (más de 10), generada por una clara y evidente desidia por parte de las sucesivas autoridades del InFueTur".
El Tribunal de Cuentas deberá evaluar ahora si apela la sentencia o la consiente.
