Duro discurso de la Gobernadora en la apertura de sesiones ordinarias
Legislatura Provincial

Duro discurso de la Gobernadora en la apertura de sesiones ordinarias

03/03/2008
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a gobernadora Fabiana Ríos eligió para dejar inaugurado el XXV período de sesiones ordinarias de la Legislatura, dar un discurso que no se salió de los cánones previstos para este tipo de acontecimientos, ya que su mensaje -al igual que en el de aquellos que la precedieron en el cargo- se dividió en cuatro bien marcados ejes temáticos: la herencia recibida, con especial detalle en materia económica; las gestiones desarrolladas en los primeros 75 días de Gobierno; anuncios de variado tenor; las líneas generales de acción política que guiarán su gestión al frente del Ejecutivo fueguino.
Ante una audiencia integrada mayoritariamente por autoridades invitadas, funcionarios públicos y colaboradores del bloque parlamentario del ARI -pero con poca presencia de la sociedad-, que no colmó las instalaciones de la Sala Niní Marshall de la Casa de Cultura de Ushuaia, Ríos ocupó 53 minutos de la Sesión Inaugural del 1 de marzo para concluir su alocución.
A diferencia de otros discursos ante el Parlamento, este contuvo, más que anuncios, una declaración de principios políticos y una enumeración de los objetivos que perseguirá el accionar gubernamental. A pesa de ello adelantó que se impulsará el debate parlamentario y social sobre una nueva ley de educación y sobre los contenidos de la currícula provincial. En materia sanitaria anunció el inminente desarancelamiento hospitalario y el fortalecimiento de la Atención Primaría de la Salud. En Seguridad refirió la implementación de acciones que acerquen la policía a la comunidad y la creación de un Departamento de Delitos Económicos. La búsqueda de financiamiento para concretar la expropiación de Renacer, la implementación de las Auditorias Sociales para el control de la ejecución de los fondos públicos en obras y servicios, y la búsqueda de una política, razonable y consensuada con los sectores económicos, tendiente a la sustitución de importaciones también constituyeron anuncios importantes.
Las omisiones más llamativas del mensaje fueron la falta de definiciones respecto de la emergencia habitacional, y sobre la necesaria, y siempre postergada, redefinición de roles entre la Provincia y los Municipios.
Ríos evitó, con un cuidado lenguaje, confrontar con la oposición, grupos económicos y los gremios que ya están presionando por obtener mejoras sectoriales, pero de manera elíptica dejó en claro que no tiene intenciones de ceder ante planteos que pongan en riesgo el bienestar actual y futuro de la sociedad fueguina.
Como eje central de la acción gubernamental planteó una profunda reforma del Estado sustentada en su "modernización y trasparencia", en hacerlo más eficiente mediante la capacitación del agentes estatales, en el reordenamiento de las cuentas públicas y la reconstrucción de un sistema de control interno y externo con participación social y una activa política en materia de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Destacó la labor desarrollada pro el parlamento durante el receso legislativo, para aprobar rápidamente la modificación parcial de la ley tributaria y el régimen de moratoria fiscal (la que todavía no fue promulgada por el Gobierno), pero lo reclamó premura en el tratamiento de la ley de "recuperación de la legalidad de las cuentas provinciales y el régimen de responsabilidad fiscal" que contempla, entre otras mediadas, la autorización para contraer financiamiento para implementar un régimen de retiro voluntario; la suspensión voluntaria de prestaciones para los agentes públicos; la desafectación de determinados fondo específicos; la emisión de títulos públicos a 8 años para afrontar el pago de la deuda consolidada, y de Letras de Tesorería por hasta 50 millones de pesos, y la prohibición de liquidar haberes que superen la retribución de la Gobernadora.

La herencia

La gobernadora Ríos dedicó diversos pasajes de su discurso para referirse a la herencia recibida de la gestión Colazo-Cóccaro. Aseguró que "el caótico gobierno saliente nos montó un jaque mate para complicar nuestra gestión", pero aseguró que "estamos saliendo de esa siniestra jugada con inteligencia, sin ajustes ni cesantías masivas..." y que "contra toda mirada agorera o nostálgica de épocas de corrupción, este barco empezó a navegar y no hemos cambiado ninguno de los principios que sustentan el rumbo trazado" .
Precisó que "el informe de la Auditoria General de la Nación confirma la magnitud de la crisis económica y financiera del Gobierno provincial y el desorden de sus cuentas, así como la verdad de nuestras afirmaciones sobre el deplorable estado en que encontramos la administración".
Si bien evitó ahondar en ese informe, que podría tomar estado público esta semana, mencionó que la Auditoría General de la Nación detectó "la falta de más de 1000 asientos contables en la Contaduría General; más de 1000 registros de gastos que faltan, que se borraron del sistema".
Dijo que a este "desorden sin precedentes" se le suma "la emisión irresponsable de Letras de Tesorería emitidas la última semana hábil de la gestión saliente, las que deliberadamente comprometieron recursos provinciales hasta el mes de octubre del corriente año" y el uso de más de 64 millones de pesos de "fondos de afectación específica" para pagar salarios y para "disfrazar el enorme déficit operativo, que ellos mismos generaron con manejos irregulares de los fondos públicos", los que precisó "deberán ser repuestos con el esfuerzo adicional de toda la sociedad".
 
Medidas correctivas y de contención del gasto

En referencia a las medidas para comenzar a corregir las irregularidades detectadas dijo que, más allá de las denuncias penales presentadas, se dispuso la prohibición de la cobertura de vacantes de planta permanente, a excepción de los cargos profesionales vacantes por jubilaciones o bajas en el área de Salud, y la revisión de los expedientes de ingresos a la Administración Pública "realizados en el último año por fuera de lo establecido" en las leyes del Megapase I y II.
Aseguró además que se concretó una "efectiva reducción de los cargos políticos" ya que de "los 264 cargos políticos a enero de 2007 que acumulaban sueldos por $ 1.715.300 mensuales" se pasó en enero de 2008 a "156, que acumulan sueldos por $ 990.000" aún habiéndose creado dos nuevos ministerios y tres secretarías de estado. Esta afirmación, a pesar de la reducción señalada, dejó en evidencia que el gasto político supera en 290 mil pesos mensuales el límite de 700 mil pesos que había anunciado oportunamente el ministro de Economía Eugenio Sideris.
En materia de racionalización del empleo público, anunció "una estrategia de mejoramiento de las capacidades de todo aquel personal público que quiera adoptar las propuestas de traspaso al sector privado". También señaló que se buscará "transformar las políticas asistenciales en políticas de desarrollo económico a partir de cambiar los planes de empleo por generación de emprendimientos laborales de proyectos sustentables y duraderos con rentabilidad para sus participantes".

"Una triste y vergonzosa realidad"

Fabiana Ríos precisó que "las afirmaciones en torno a la falta de información cierta y el desmanejo de las cuentas no son posiciones políticas", sino que ello es "una triste y vergonzosa realidad".
Destacó que en el marco del proceso de trasparencia iniciado por su gestión se dispuso incorporar "al sitio web oficial toda la información de nuestros ingresos públicos de manera diaria". En cuanto a las inconsistencias observadas respecto de la información económica que difunde el Gobierno, pretendió justificarlas señalando que "no hay manera de que coincidan los números porque no hay un sistema de información". Esa justificación genera algunas dudas, ya que resulta difícil creer que en estos 75 días de gestión no se haya podido armar un sistema, aunque más no sea manual, de registración de ingresos que resulte confiable. En todo caso, parece haber faltado, tal vez, un grado de autocrítica de las deficiencias propias en la materia.

Aclaración fuera de programa

Una de las pocas oportunidades en que la Gobernadora se apartó del texto escrito de su mensaje fue al hacer referencia al decreto que estableció el mecanismos de distribución de la publicidad oficial.
Luego de indicar que "somos la primera Provincia en el país cuyo gobierno se autorreguló en materia de disposición de pautas de propaganda oficial", de reconocer que el propio Gobierno presentará prontamente un proyecto de ley en la materia y de que la Legislatura se apresta a abrir el debate sobre la cuestión en comisión, Ríos explicó que la razón que llevó a su Gobierno a dictar por decreto esa norma respondió a la urgente necesidad de "brindar esta señal a la sociedad y a los medios de prensa, en lo que tiene que ver con el reconocimiento del derecho de estar informado, a la obligación del Estado de informar y a los medios de comunicación de expresarse con libertad sin extorsiones y con previsibilidad".
Esta aclaración no pareció del todo congruente presentada con la afirmación de que "este decreto no pretendía ni pretenderá jamás suplantar un proyecto de ley, que es el que permite, en el ámbito de la Legislatura, sumar opiniones y enriquecerlos", ya que el Gobierno podría haber optado entonces el dictado del mencionado decreto, y en su reemplazo haber remitido ya el anunciado proyecto de ley, incluso bajo la figura del tratamiento de urgencia para intentar acotar los plazos de debate legislativo.

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