Por afectación de recursos a la Cuenta Única del Tesoro

Gremios en alerta y movilización, y con asamblea frente a Casa de Gobierno

22/04/2008
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a decisión del Gobierno de afectar los recursos de los organismos autárquicos y descentralizados a la Cuenta Única del Tesoro motivó el generalizado y unánime rechazo de los distintos gremios que nuclean al personal de Puertos, Obras Sanitarias, Energía, IPRA, InFueTur, IPV y Vialidad.
Durante la jornada de ayer, esas entidades sindicales resolvieron declararse en estado de alerta y movilización; redactar un documento conjunto para precisar los perjuicios que el decreto 593/08 ocasionará a cada uno de los entes, y realizar, a las 15.30, un asamblea frente a Casa de Gobierno para resolver las medidas a adoptar si el Gobierno no accede a derogar esa norma. Desde los sindicatos se interpreta que el decreto en cuestión implica un serio riesgo a la autarquía financiera de los entes.
Las acciones conjuntas acordadas por los gremio comenzaron a delinearse cerca de las 14 durante una asamblea convocada por el personal de la Dirección de Puertos, de la que tomaron representantes de otros organismos del Estado. Cerca de la media tarde de ayer, hubo un nuevo encuentro de la dirigencia gremial en el que terminó de definirse la necesidad de adoptar medidas conjuntas.
Al margen de estas actuaciones comunes, el personal de Luz y Fuerza resolvió hacer una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia reclamando el dictado de la inconstitucionalidad del cuestionado decreto, y de impulsar un proyecto de ley que aborte la pretensión gubernamental.
Estas acciones podrían ser replicadas por los demás sindicatos involucrados.

Puertos, a la Fiscalía de Estado

Por su parte, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Sergio García, solicitó a la asesoría legal del organismo a su cargo que emitiera opinión sobre el particular. En el dictamen en cuestión se concluye que "las disposiciones del decreto provincial 593/08 no le serían aplicables a esta entidad autárquica estatal provincial". Esta opinión se sustenta especialmente en las prescripciones del "convenio de transferencia de Puerto Nación-Provincia" de 1992, el que en su cláusula séptima determina que "los ingresos del puerto serán contabilizados independientemente de rentas generales provinciales y serán aplicado exclusivamente para cubrir gastos de administración, operación, capacitación e inversiones relacionadas con la actividad portuaria que tiendan a asegurar una mayo eficiencia, optimizando los costos y tarifas en beneficio del comercio interior y exterior".
García, ante la asamblea de trabajadores, anunció que se presentaría con ese dictamen ante Fiscalía de Estado, para que el organismo de control analice el respaldo jurídico con que contaría el decreto dictado por la Gobernadora.
El funcionario, además, comprometió su renuncia al cargo en caso de que aún obteniéndose una opinión desfavorable del Fiscal a la aplicabilidad del decreto, el Gobierno resolviera mantener la vigencia de la norma.

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