os concejales de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin trasladaron a los legisladores su preocupación por la falta de definiciones concretas sobre el la cancelación de la deuda de coparticipación que el Gobierno mantiene con los municipios, la que en su conjunto asciende a unos 55 millones de pesos.
Los ediles precisaron que, en atención a la situación financiera de la Provincia, no se pretende que esa creencia sea afrontada de "un día para otro", pero reclamaron la necesidad de que se incluya en el presupuesto 2008 un mecanismo de cancelación escalonada que "de previsibilidad" a las finanzas de los municipios. Manifestaron también su inquietud ante la posibilidad de que el Gobierno pretenda cumplir con esa obligación mediante Letras de Tesorería.
Se planteó que los tres municipios adelantaron su intención de destinar los recursos reclamados a resolver la situación de emergencia habitacional que afrontan los tres centros urbanos de la provincia, y precisaron que la falta de una definición concreta, en cuanto a la liquidación de los montos adeudados impide avanzar en la solución de esos requerimientos sociales.
La ausencia de ediles del ARI y de legisladores del oficialismo no fue una circunstancia que pasara desapercibida para nadie, sobre todo cuando los representantes del partido de Gobierno siempre se han manifestado como defensores de las autonomías municipales y han sido fervientes defensores de la ley que declaró la emergencia habitacional en Tierra del Fuego, ya que éstos eran los dos temas convocantes de la reunión.
Sí tomó parte del encuentro el Vicegobernador y Presidente de la Legislatura, quien dejó entrever que la decisión del oficialismo de no ser parte de la convocatoria podía responder a que se vislumbrara que detrás de este reclamo se escondían otro tipo de intereses que poco tenían que ver con el motivo de la convocatoria. Carlos Bassanetti también cuestionó que se le esté reclamando a este Gobierno que cumpla con deudas de anteriores gestiones, a pesar de haber restituido y estar cumpliendo a rajatabla con el mecanismo de coparticipación por goteo diario. Objetó también que se plantee, recién ahora, la preocupación de los municipios por abordar la problemática habitacional. Sus dichos fueron rebatidos por los ediles. El ushuaiense Juan Carlos Pino recordó que el Concejo de Ushuaia siempre había respaldado las acciones emprendidas por el departamento ejecutivo para lograr que Gobierno cumpliera, en tiempo y forma, con la remisión de los recursos coparticipables. Por su parte, el edil riograndense Ariel Pagella precisó que ese municipio viene trabajando desde hace tres años activamente en la cuestión habitacional, aun cuando constitucionalmente ésa es una obligación que le compete al Estado provincial.
La reunión no estuvo exenta de confrontaciones, ya que la concejal Adriana Chapperón apuntó que el planteo de algunos de sus pares ushuaienses estaba teñido por cuestiones partidarias. Es más, dijo que no compartía que los ediles de los tres municipios reclamaron una solución conjunta al reclamo por deudas de coparticipación, ya que interpretó que los mecanismos de cancelación pueden variar de acuerdo a la realidad y necesidades financieras de cada municipio.
Desde el lado de los legisladores de la oposición, se manifestó que receptaron todos los planteos formulados por los municipios respecto de la ley de emergencia habitacional, y se comprometieron a convocar a los ediles cuando comience el análisis parlamentario del proyecto de ley de presupuesto 2008.
En lo que hubo plena coincidencia fue en que la solución del déficit habitacional pasa indefectiblemente por una cuestión económica.
