on la declarada intención de controlar que en la provincia no se registren conductas que tengan por objeto "limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyan abuso de posición dominante" y en "atención a las particularidades de nuestro territorio provincial, insular, y a la concentración de su población", el Gobierno resolvió adoptar por decreto una serie de medidas tendientes a controlar la actividad comercial que se desarrolla en Tierra del Fuego.
A tales efectos, y en función de los preceptos instituidos en las leyes de Defensa del Consumidor y de la Competencia, se establece que la Dirección General de Comercio e Industria "relevará mensualmente los precios de venta al público, expuestos en los locales comerciales".
Este relevamiento apuntará a "los componentes alimentarios de la canasta y vestido", y deberá contemplar la carga salarial (remuneraciones brutas) que afrontan los comercios y el costo de flete que implica el traslado de productos al "Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego".
Los comercios sujetos a este procedimiento serán los supermercados e hipermercados que funciona en la provincia, los que serán sometidos a un análisis comparativo de sus precios en la provincia con los de las sucursales que esas mismas empresas tengan en Río Gallegos y Buenos Aires. Este mismo relevamiento de precios se efectuará en "mercados y establecimientos comerciales barriales, con volumen de ventas significativo".
Con la información colectada, la Secretaría de Promoción Económica y fiscal elaborará mensualmente un cuadro comparativo de precisos, indicando los locales comerciales a los que correspondan, el que será publicado en la página web del Gobierno y difundido en programas especiales por los canales de televisión y radios oficiales.
Además, en el decreto 948/08 -que lleva la firma del vicegobernador, Carlos Bassanetti, y del ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu- se establece que el Ministerio de Economía emitirá trimestralmente "opinión sobre el margen de utilidades que obtienen los establecimientos relevados", dando oportunidad a los representantes legales de aquellos para que informen sobre sus estructuras de costos y fundamenten los resultados comerciales.
La norma prevé que si de la actuación de control, vigilancia y juzgamiento de las infracciones a las normas de protección de defensa del consumidor, "resultan sospechadas de infracciones, se comunicará tal situación a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a fin de que ésta proceda a investigar y en su caso sancionar y hacer cesar las infracciones que se detecten en el mercado del Área Aduanera Especial de la Provincia".
