a operatoria de pago de deudas con contratistas y proveedores mediante la emisión de Letras de Tesorería fue catalogada como irregular por la Fiscalía de Estado, ya que el órgano de control entiende que esos instrumentos fueron emitidos con vicios legales que los invalidan como títulos públicos, por lo que resultan nulos y sin efecto. Indica que por tal razón, los derechos y obligaciones que emanen de aquellos no son exigibles al Estado. Es decir, que los tenedores de estas Letras no estarían en condiciones de reclamar la ejecución judicial del cobro de las mismas.
Sostiene ello en función de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de contrataciones públicas -que resultaría "cuanto menos parcialmente aplicable al presente asunto"-, en la que se precisa que "la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada a la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado" y que "dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia", requisito éste que en el caso en cuestión no se verifica.
Las objeciones en cuanto a la validez de la Letras de Tesorería alcanzan tanto a las que fueron emitidas durante noviembre y diciembre de 2007 como a las que lo fueron este año en reemplazo de aquellas.
A pesar de ello, el Fiscal de Estado sostiene que "habiéndose verificado la legalidad de la acreencia, sin perjuicio de requerir la intervención u opinión del Tribunal de Cuentas, en principio no deberían formularse reparos respecto de la cancelación de las deudas" en cuestión, por lo que exhorta al Poder Ejecutivo a "reconocer sin más trámite las acreencias debidamente acreditadas" y a "suscribir al efecto los instrumentos tendientes a reconocer las mismas" -los que obviamente no podrán ser Letras de Tesorería-, fijando la tasa de interés que se abonará por la mora producida, la forma y fecha de pago "y demás elementos que den certeza y seguridad jurídica a quienes tiene el legítimo derecho a percibir sus acreencias...".
De la invalidez de las Letras de Tesorería
En el dictamen emitido el pasado jueves 5 de junio, la Fiscalía de Estado efectúa un pormenorizado análisis de la normativa provincial dictada en torno a la emisión de Letras de Tesorería. Precisa que en la ley de Administración Financiera se determina que la Tesorería General podrá emitir Letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente el presupuesto general, debiendo éstas ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emitan, y que en caso de ello no suceda se transformarán de deuda pública, quedando entonces sujeta su cancelación a las prescripciones legales en la materia. Precisa además, que las Letras de Tesorería constituyen un instrumento financiero que permite captar "voluntariamente en el mercado financiero fondos con vencimiento a cortísimo plazo para la devolución del capital prestado y reconocimiento", y que para concretar esta operación las Letras de Tesorería -tal lo contempla el decreto 2.647/06- serían "ofrecidas en licitación pública" al "público en general". Indica que, posteriormente, con la sanción de la ley 723 (que autorizó la emisión de Letras del Tesoro por hasta 20 millones) y su modificatoria (ley 751, que amplió el monto de al emisión a 70 millones de pesos) se desvirtuó la finalidad de ese instrumento financiero, ya que no se perseguía "la obtención de una suma de dinero (...) sino más bien cancelar obligaciones del Tesoro Provincial", convirtiendo así las Letras de Tesorería en una herramienta de pago diferido de obligaciones contraídas por el Estado.
Como si esto no fuera poco, se pone de relieve la ausencia de "decretos o resoluciones" del Ministerio de Economía o de la Tesorería General disponiendo la emisión de las Letras, por lo que éstas habrían sido emitidas "sin acto que lo disponga" y libradas "tanto en su cantidad, como en algunas de sus condiciones de indudable importancia, a la voluntad omnímoda de quienes las suscribieron", exponiendo así al Estado a "maniobras defraudatorias como las que están siendo investigadas en sede judicial".
Objeta también "la ausencia de norma alguna que haya establecido los recaudos mínimos que debían tener las Letras a emitirse en materia de seguridad", lo que ha abierto la puerta "a que se produjesen eventuales maniobras tendientes a que, sin mayores obstáculos, personas inescrupulosas puedan haber fraguado o falsificado Letras de Tesorería".
Sobre esta base fáctica colige que en opinión de la Fiscalía de Estado "no están dados los presupuestos legales necesarios para la emisión de las Letras de Tesorería aquí abordadas, con lo cual lo actuado por las autoridades que las emitieron y entregaron entre noviembre y diciembre de 2007, no se ha realizado conforme a derecho", lo que acarrea "la invalidez de las Letras del Tesoro emitidas (...)".
La de 2008 tampoco se salvan
El Fiscal de Estado avanza además sobre las validez de las Letras de Tesorería emitidas este año por el Gobierno para reemplazar aquellas que lo fueron en 2007.
Sobre el particular señala que "las deudas erróneamente canceladas" por el Gobierno "con Letras de Tesorería" a partir de lo dispuesto en el Decreto 92/08 y la Resolución de Economía 63/08 (que establecieron el mecanismos de verificación de la Letras), también resultaría objetable "que ello se haya concretado mediante la emisión de nuevas Letras, en virtud a pretender sustituir otras que no constituían título hábil y a que en principio podrían adolecer de, al menos, algunos de los mimos defectos que las reemplazadas".
De todas maneras, indica que "es indudable que habiéndose verificado la legalidad de las acreencia (...), en principio no deberían formularse reparos en cuanto a la cancelación de las deudas", sobre todo de aquellas motivadas "en coparticipación a los municipios o subsidios escolares, de cuya legalidad no puede dudarse (...)".
No más demoras
En otro orden de cosas, se cuestiona la demora en la que incurrió el Gobierno para dar cumplimiento al proceso de verificación de legalidad de las acreencias que le son reclamadas. En el dictamen se sostiene que "si bien en algunos casos puede comprenderse" esa tardanza, resulta pertinente que se destinen mayores recursos humanos y materiales para poder determinar "a la mayor brevedad" la legalidad de las acreencias que se pretendieron cancelar con Letras de Tesorería, para no desvirtuar la finalidad perseguida con ese mecanismo, que era evitar "indebidas o ilegales erogaciones", mas no utilizarlo "con el mero propósito de prolongar la cancelación de legítimos compromisos".
| Silencio gubernamental El dictamen de Fiscalía de Estado en el que se planeta la invalidez jurídica de las Letras de Tesorería emitidas para diferir pagos de deudas del Estado fue dictado en el marco del pedido de control de legalidad del decreto 92/08 y su normas reglamentarias, que fuera solicitado por el legislador del Frente para la Victoria Ricardo Wilder. |
