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nte el paro de actividades anunciado para el miércoles próximo por el gremio de la sanidad, la gobernadora Ríos sostuvo que el Poder Ejecutivo no está en condiciones de poder satisfacer la totalidad de la equiparación salarial de 200 pesos al básico que se le está reclamando.
"Tenemos posibilidad de satisfacer parcialmente ese reclamo, y esto se ha hablado en la paritaria, lo que pasa es que no hay aceptación a esta propuesta parcial", indicó. Señaló que el pedido de ATSA le demandaría al Estado una erogación real de "más de 1000 pesos por agente" por la cantidad de adicionales que percibe el sector que están vinculados al básico de escala.
Ríos dijo que no resulta adecuada la crítica lanzada desde ese sector gremial, respecto de que el Gobierno se niega a otorgar esa equiparación mientras que a los docentes otorgó una mejora de 500 pesos y otra de 400 pesos para el escalafón seco. Dijo que la diferencia consiste en que estos últimos se tratan "de montos remunerativos que no van al básico, por lo que no tiene incidencia sobre la zona" ni otros adicionales.
Desestimó la posibilidad de destinar a la partida de salarios de Salud los montos que el IPAUSS adeuda a los hospitales. "Tanto en Salud como en Educación hay cuestiones que no se pueden obviar; infraestructura, insumos y recursos humanos, y si uno asigna un porcentaje superior al admisible para recursos humanos, el sistema colapsa por infraestructura deficitaria o falta de insumos. Es decir, son necesarios lo médicos, los enfermeros, los administrativos, pero del mismo modo es necesario tener antibióticos para atender una infección o un suero cuando tenés un deshidratado, porque si tenés el enfermero y no tenés el suero, la presencia del enfermero bien pago no te garantiza la salud; como un docente bien pago no te garantiza la educación si no tenés escuelas, bancos o tizas", señaló.

"Una cosa es el deseo y otra la realidad"

Ríos reconoció que la Argentina está viviendo una situación inflacionaria y que por lo tanto resultaría irreal plantear "una gestión en la que la discusión salarial sea cero", apuntó que los sindicatos deben tener en cuenta que "una cosa es el deseo y otra la realidad". En función de ello dijo que se ofreció en paritarias "la información, con auditoría del Tribunal de Cuentas, de todos los recursos que vayan ingresando, así que supongo que las expectativas (salariales presentes y futuras) tendrán que ir vinculadas a las proyecciones reales de ingresos".
Precisó que desde el Gobierno "no queremos hacer un colchón financiero para especular, queremos poder tener una administración prolija o previsible" y que por ello no está dispuesta a asumir compromisos salariales que no están presupuestados y "que la Provincia no va a poder pagar".
La mandataria incurrió en una contradicción conceptual al planteársele que a pesar de haber manifestado en reiteradas oportunidades que el límite de los reclamos era el límite del presupuesto, se terminó concediendo aumentos salariales sectoriales no previstos. Su respuesta fue que uno "tiene la responsabilidad de tomar decisiones en función de los recursos disponibles y probables".
Como ejemplo de esta contradicción se le mencionó que el aumento al sector docente se otorgó a cuenta de los mayores ingresos que se obtendrían de la no garantizada aprobación legislativa de la nueva ley tarifaria. Consultada sobre cómo hará el Estado para afrontar esa erogación en caso de fracasar la sanción de reforma tributaria, se limitó a plantear que en ese supuesto "se pondrá en discusión por qué no se probó ese proyecto de ley".

¿Plan alternativo "bajo el poncho"?

En cuanto a la posibilidad de que vencida la conciliación obligatoria, dictada en el marco del conflicto docente, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina disponga retomar las medidas de fuerza, dijo que el Gobierno agotará las instancias de mediación contempladas en la paritaria nacional, incluso mencionó que ya se habrían "girado las actuaciones" al ministerio de Trabajo de Nación, ya que "pretendemos agotar la instancias de diálogo para minimizar la pérdidas de clases"
Interrogada sobre qué alternativas se manejan para garantizar el dictado de clases, evadió dar una respuesta concreta y se limitó a decir que "yo no las tengo", aunque no descartó que "el Ministerio de Educación las puede estar evaluando". Ahora, precisó si el retorno a las medidas de fuerza se da cuando todavía está vigente la conciliación obligatoria "mandaría las intimaciones de ley y notificaría de ello al Ministerio de Trabajo".