Ministerio de Economía

Gobierno sin Letras

30/06/2008
E

l Gobierno provincial denunciará penalmente los casos en los que se haya acreditado presunto perjuicio fiscal en el pago de Letras de Tesorería. Además, el Ejecutivo resolvió a través del decreto 1168/08, firmado por la gobernadora Fabiana Ríos, cancelar las deudas legalmente contraídas por la Provincia.
El decreto rubricado el pasado 26 de junio por la mandataria y el ministro de Economía Roberto Crocianelli eliminó las Letras como forma de pago. La medida establece que Tesorería General emita una boleta de reconocimiento de deuda, previa entrega de las Letras a aquellos tenedores cuyos expedientes no cuenten con observación alguna de la Auditoría Interna y del Tribunal de Cuentas.
La disposición de la gestión Ríos prevé que los montos inferiores a 50 mil pesos sean cancelados a los 30 días del vencimiento, los inferiores a 150 mil pesos a los 30 y 60 días del vencimiento.
En tanto que las deudas que no superen los 250 mil pesos serán canceladas en 3 veces; los montos inferiores a 450 mil de pesos en 4 cuotas y los que superen esa cifra se saldarán en 6 veces. En todos los casos cada 30 días y de acuerdo al vencimiento previsto en el documento respectivo.
El tesorero general Andrés Bronzovic aclaró que "los pagos escalonados se producirán a partir de la fecha de vencimiento que parezca impresa en las Letras de Tesorería, tanto sea en la gestión anterior como en la actual". El funcionario agregó que los pagos se realizarán con "criterio progresivo" y de acuerdo las disponibilidades de caja.
En este sentido el Gobierno dejó sin efecto el decreto 092/08 para cuya aplicación se creó una comisión que tenía por objeto verificar la autenticidad y legalidad de las Letras emitidas durante el año 2007.
Como contrapartida del pago de las Letras que no cuenten con ninguna observación, el Gobierno resolvió reconocer el dictamen de la Fiscalía de Estado que sostuvo la invalidez de las Letras del Tesoro emitidas por no haberse ajustado al procedimiento legalmente previsto. Esos casos serán denunciados penalmente por presunto perjuicio fiscal y se le agregarán los expedientes en los que se acreditó que no existieron contraprestaciones de bienes o servicios.

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