l ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, cuestionó la "actitud adoptada por algunos dirigentes sindicales que generaron confusión dentro de la Administración Pública en torno de los alcances del decreto 931 firmado por la gobernadora Fabiana Ríos meses atrás.
El funcionario aclaró que la norma tiene por objeto la reglamentación de la Ley 321, de creación del Concejo Económico y Social". Además explicó que el decreto 931 pretende "eliminar las decisiones unilaterales en materia de políticas públicas, por parte del ejecutivo de turno", y promover normas "de legitimación en esta materia".
En ese sentido, remarcó que "el objeto de la convocatoria del Consejo Económico y Social es, justamente, que la sociedad a través de sus distintos actores previstos en la ley puedan participar en las políticas públicas del estado".
Ayer la dirigencia de ATE le manifestó su preocupación a la Legislatura por los posibles perjuicios que provocaría a los agentes de la administración pública de las categorías más altas la aplicación del decreto 931.
Aramburu señaló que "uno de los primeros puntos que, a juicio de esta gestión, se puso a disposición de los integrantes de ese organismo, para su debate y análisis, fue la búsqueda del cumplimiento de la manda constitucional que establece igual remuneración a igual tarea".
"Así que cuando hablo de confusión intencional, generada por algunos sectores, es porque se le intenta hacer creer a la gente que estamos hablando de un decreto que intenta perjudicar al empleado público, cuando de ninguna manera es así", fustigó.
El titular de la cartera política de Gobierno insistió en que "el decreto N° 931 lo único que hace es convocar al Consejo Económico y Social", y agregó que "tiene uno anexo, en el que plantean algunos criterios que, a juicio de este Ejecutivo, podrían coadyuvar para aplicar el principio constitucional de igual remuneración a igual tarea. Nada más".
De igual forma el ministro observó que "aún no hay nada vigente, y tampoco hay nada que derogar, porque esos criterios deben ser evaluados como una alternativa en el seno del Consejo, cuya convocatoria consideramos una propuesta superadora desde el punto de vista institucional, porque se le da la posibilidad a los distintos actores de la sociedad civil a participar de la discusión".
Además expresó que "nos resulta llamativo que, a pesar de que el decreto de convocatoria está en vigencia desde hace un mes, y de que se han cursado las invitaciones a sus miembros, hasta el momento sólo ha respondido la Confederación General del Trabajo, designando a su representante"
"Pero aún no contestó la Central de Trabajadores Argentinos; ni los actores privados que son las cámaras de Comercio de Ushuaia y Río Grande; y para los temas específicos de obra pública, la Cámara de la Construcción", manifestó.
Aramburu indicó que "por parte del Ejecutivo, acudirán al Consejo Económico y Social, el Ministro de Gobierno y el Ministro de Economía"; y señaló que "hay un quinto miembro que es un actor social, pero dependerá de la temática puntual a tratarse dentro el organismo".
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