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os jueces Juan José Varela, Daniel Borrone, y en subrogancia, Horacio Maffei, constituidos en tribunal de juicio de Río Grande, absolvieron el viernes a Daniel Jorge Bunader y a su abogado, Gustavo García Casanova, del presunto delito de defraudación a la administración pública. La decisión del tribunal se contrapuso a la solicitud de la fiscalía que había pedido se condenara a ambos a la pena de 3 años de prisión por considerarlos incursos en el delito de defraudación a la administración pública en grado de tentativa, al haber intentado por la vía judicial de manera irregular, inscribir la estancia "El Carmen" a nombre de Bunader.
El veredicto fue leído el viernes en horas del mediodía en el ex campamento YPF de Río Grande donde se dio a conocer el veredicto absolutorio contra el heredero y el ex administrador del Fondo Resiual.
Según se ventiló en la causa, Bunader, con la representación legal de García Casanovas, lograron una medida cautelar en el Juzgado Civil de Río Grande donde éste último omitió informar a la jueza de la existencia de una causa en el Juzgado Federal de Ushuaia iniciado por Estanislao Drobonic contra Herederos de Salomón Bunader sobre disolución de sociedad.
Es así que el 22 de octubre de 1998, según el ministerio público, "en base a su conducta procesal y sin que haya mediado posibilidad de réplica de interesado" por naturaleza del proceso "que advirtiera al magistrado la falsedad de los hechos traídos a su conocimiento por Bunader, obtuvo sentencia favorable haciéndose lugar a una medida cautelar de no innovar; siendo luego inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble".
Según obra en la causa luego inició un juicio sucesorio en el Juzgado Civil y Comercial de Río Grande omitiendo informar la existencia de la causa en el Juzgado Federal e hizo mención únicamente de la causa en la que había obtenido una cautelar favorable. Tras iniciar el proceso de sucesión denunció la existencia de la Estancia como único bien que conformaba el acervo hereditario "cuando tenía conocimiento del desapoderamiento judicial ya señalado" y pidió la inscripción a su nombre de las más de 14 mil hectáreas de tierras.
No obstante otro fuero había fallado a favor de la Fiscalía de Estado que logró que las tierras pasaran bajo el dominio del Gobierno de la Provincia motivo por el cual se vi imposibilitado de inscribirlas a su nombre.
El fiscal Mayor, Guillermo Mássimi, había pedido en sus alegatos se condenara al abogado García Casanovas y a Bunader a la pena de 3 años de prisión por considerar que ambos incurrieron en una tentativa de defraudación a la administración pública.
Sin embargo los jueces del tribunal riograndense no observaron el desarrollo del juicio con la misma perspectiva y terminaron inclinando la balanza a favor de los imputados que terminaron absueltos del cargo que se le imputaban.
Cabe señalar que García Casanova se vio involucrado en la causa por un contrato de asesoramiento celebrado entre el doctor Jorge Pinto y el legislador Rubén Sciutto, donde fue procesado y luego beneficiado por una resolución de la cámara de Apelaciones. No obstante en junio del corriente año la jueza María Cristina Barrionuevo decidió elevar la causa nuevamente a juicio y el letrado deberá responder por una presunta defraudación a la administración pública en un debate oral y público.
