E
l Poder Ejecutivo provincial puso en marcha un programa de "Promoción de Empleo e Inserción laboral" tendiente a fomentar la incorporación de los beneficiarios del Programa de Entrenamiento Laboral y del plan social REDSOL, al mercado laboral formal dentro del sector privado.
De acuerdo a lo establecido en el decreto 2196, esta iniciativa gubernamental tendrá una vigencia máxima de 6 meses, sin que se haya contemplado posibilidad de ser prorrogado.
Para incentivar estas contrataciones se dispone que los empleadores recibirán del Estado el aporte de un monto mensual de igual valor al importe mensual que actualmente corresponde al plan de que se trate, cifra que en la actualidad equivale a 700 pesos.
Para acceder a este beneficio, que podrá ser imputado al pago del impuesto de Ingresos Brutos, el empleador deberá concretar las contrataciones bajo la figura "por tiempo indeterminado o, en todo caso, bajo la figura de contrato de temporada –lo que genera el derecho a la repetición de la contratación anual–, por entender que de esta forma se otorga un cierto horizonte de previsibilidad en su vida laboral al trabajador, evitando que el empleador use esta herramienta como un simple instrumento para obtener una ganancia temporaria".
Se establece además que para la percepción de esta especie de incentivo se "deberá acreditar el cumplimiento pleno de todas las obligaciones originadas por el nuevo vínculo laboral, evitándose de esta forma la ocurrencia de situaciones de fraude en perjuicio del trabajador y del propio Estado", como así también "acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones referidas a la seguridad social". Además, el empleador deberá aceptar "no producir despidos, sin causa, durante el período de vigencia del programa, que impliquen una disminución en la plantilla total de trabajadores que el empleador detente a la fecha de entrada en vigencia del mismo, con mas quienes ingresen bajo este programa".
En los fundamentos de la medida se precisa que el programa "está dirigido a aquellas personas que actualmente son beneficiarias de un Programa de Entrenamiento Laboral (PEL) o un REDSOL, por constituir estos un sector vulnerable de nuestra población", y que apunta a "facilitar la efectiva inserción laboral de quienes, durante un tiempo prolongado, no han podido conseguir trabajo en el ámbito privado".
Se destaca además que "el presente programa no implica erogación mayor que la actual para el Estado Provincial, ya que el mismo importe que hoy se destina al beneficiario de alguno de aquellos programas, será el que se aplicará al pago del empleador, instrumentándose con todo ello una medida de acción punitiva Estatal que favorece la igualdad material y real de oportunidades para aquellos sectores que a nivel laboral se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad social que otros".
Si bien en la definición de este programa tuvieron cierta intervención las cámaras de Turismo y de Comercio, el efecto concreto que tendrá esta iniciativa gubernamental resulta difícil de estimar a priori, sobre todo tomando en cuenta las posibles secuelas que la crisis internacional puede llegar a tener sobre la actividad económica del País.
En la actualidad, el Estado provincial cuenta con cerca de 900 beneficiarios del programa de Entrenamiento Laboral y unos 1.000 del Plan REDSOL, la mayoría de los cuales alberga la esperanza de integrarse de manera definitiva a la planta funcional de el Administración pública fueguina.
Con esta iniciativa, al margen de los objetivos declarados en el decreto, el Gobierno parece estar enviando un claro mensaje contrario a esa pretensión de ingreso a la planta permanente estatal.
