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in aportar otra información que la ya contenida en la documentación remitida al Parlamento ni agregar mayores precisiones que las planteadas públicamente, el Poder Ejecutivo contestó el listado de más de 50 preguntas que le fuera presentado por los bloques de la oposición legislativa.
En el escrito se defiende el mecanismo de contratación directa para la venta de gas de regalías en función de lo establecido en la resolución 232/02 de la Secretaría de Energía de Nación -pero sin explicitar si ésta resulta de aplicación al caso, por lo que subsiste la duda sobre si la Provincia adhirió a esa resolución y si la pretendida contratación se encuadra dentro de la modalidad de "precios públicos del mercado interno", y por tratase de una operación de colocación directa de regalías en especie -las que define como tributo-, y no de una operación de venta de un recursos natural: el gas.
En cuanto a la fijación del precio del millón de BTU (unos 27 metros cúbicos) en 1,80 dólares se reitera que se tomaron en cuenta "las referencias que existen en el mercado de transacciones de gas", y que el mismo "surgió de una negociación entre las partes" en función de "las específicas condiciones que surge del acuerdo (pago anticipado sin costo financiero, etc...)". Como argumento de peso a favor del valor acordado, se pone de relieve el hecho de que si la provincia tuviera que buscar la misma suma en el mercado financiero (se refiere al pago anticipado de cerca de 100 millones de dólares de dinero por la compra de cerca de 3 años del gas de regalías) los costos no tendrían punto de comparación con la operación que se pretende concretar", y se afirma que la misma "no ha sido pautada bajo la figura de endeudamiento".
Si bien en la documentación remitida para su ratificación legislativa se contempla que a partir de lograda la misma, la empresa comenzará a desembolsar el pago anticipado, el Gobierno reconoce que todavía no "está definido" qué sucederá con los montos anticipados si finalmente no se concreta la inversión. Sobre el particular se limita a señalar que tal circunstancia "en todo caso" será sometida "al procedimiento de solución amistosa y arreglo de controversias, previsto en la propia documentación, lo mismo que cualquier tipo de conflicto que pudiera surgir".
Se niega de manera terminante haber obviado el asesoramiento y control de al Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas, asegurando que esa instancia de control previo no resulta obligatoria ya que "la redacción del convenio o documentación pertinente está dentro de las legítimas facultades del Ejecutivo, quien así define las razones de oportunidad y conveniencia que hacen al interés público", y a que de la documentación en cuestión "no existe orden alguna de disposición de gasto público respecto de la operación". A la vez, se afirma que "el procedimiento (de contratación) está transitando por la etapa de control que prevé la Constitución; no otra que la de la Legislatura".
A pesar de ello, la consulta sobre cuándo y cómo se cancelará la coparticipación a los municipios y comunas por la parte proporcional a la compra anticipada -o pago anticipado del tributo- de tres años de gas de regalías, el Gobierno responde con un lacónico: "esta cuestión será regida por la legislación vigente, y en todo caso será explicada ante las autoridades pertinentes y a su requisitoria".
Criterio similar se manejó para evacuar las consultas referidas a la utilización de agua que requerirá el emprendimiento, ya que luego de aportar algunos datos genéricos sobre el particular, se refiere que "está a disposición de los legisladores y a su requerimiento el correspondiente estudio hídrico" que habría realizado la Dirección de Hidráulica de la Provincia.
El Ejecutivo tampoco se muestra muy proclive a brindar la muy básica información requerida respecto del estado en que se encuentra el llamado a licitación del área CA-12, ya que sobre el particular se limita a responder que aquella corresponde "a la licitación de áreas revertidas, no así a la situación que nos ocupa en esta instancia" .
Aún cuando en el escrito se asegura que la empresa de capitales chinos "ya tomó la decisión de instalarse"; "que es la única empresa en el mercado provincial" y que los volúmenes de gas que no provea la provincia los buscará en el mercado de productores", se precisa que el inicio de las obras de construcción y montaje de la planta "no está definido".
Se indica que la inversión estimada para la instalación y puesta en marcha de la planta de metanol rondará los 360 millones de dólares, que en la etapa de construcción generaría entre 180 a 200 puestos de trabajo, de los cuales el 70% podrá ser extranjera, y que en la de producción ocupará 180 trabajadores argentinos y 15 chinos.
Si bien la empresa Tierra del Fuego Energía y Química Sociedad Anónima (TDFEQSA) fue constituida en abril de este año, y como tal aún no ha comenzado su actividad productiva, el Gobierno señala que estaría garantizado que la planta de metanol tendrá la tecnología más avanzada, más eficiente, más segura y menos contaminante, ya que "en el proyecto presentado se puede observar que la empresa cuenta con certificaciones de calidad, como las normas GB7T 19001-ISO9001:2000, las cuales poseen reconocimiento mundial de máxima eficiencia de procesos productivos y preservación del medio ambiente", a lo que agrega que "las empresas (se entiende que hace referencia a 3 firmas que constituyen la sociedad anónima TDFEQSA) están habilitadas en los siguientes productos/servicos: Energía-Química-Petroquímica-Petróleo-Gas Natural-Sistema Constructivo Inteligente-Diseño contra contaminación del medio ambiente" y que "este certificado posee validez hasta el 15 de abril de 2011".