a Sala Penal de la Cámara de Apelaciones resolvió confirmar parcialmente el procesamiento contra el ex ministro de Obras Públicas Horacio Sosa y el ex subtesorero Alfredo Raúl Iglesias, por haber pagado al empresario informático Fernando Arrebola 1.700.000 pesos en letras de tesorería sin que éste hubiese prestado contraprestación alguna al Estado provincial, informaron fuentes judiciales.
Los jueces Javier Darío Muchnik y Walter Tabárez Guerrero decidieron confirmar parcialmente el procesamiento dictado por el juez Javier de Gamas Soler en mayo último contra Sosa e Iglesias por el presunto delito de peculado. También confirmaron, aunque bajo otra calificación, el procesamiento contra la agente de planta María Moreno, en cuanto al grado de participación que tuvo en la maniobra.
A diferencia de la resolución de primera instancia, los camaristas decidieron declarar la nulidad de los procesamientos contra el agente de planta permanente Horacio Medone, y el dictado contra Ana María D´anna, quien se desempeñaba en el ámbito del Ministerio de Economía. Ello por considerar que hubo nulidades en la toma de las declaraciones indagatorias.
Vale señalar que Muchnik y Tabárez Guerrero no hicieron lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal Mayor, Guillermo Mássimi, contra Sosa e Iglesias. Pero además de ello, los jueces dejaron sin efecto las normas de conductas impuestas a los funcionarios, que debían presentarse diariamente en las comisarías de la jurisdicción de su residencia.
Antecedentes del caso
En torno al caso se recuerda que el 11 de agosto de 2006 Ariel Fernando Arrebola fue dado de alta como proveedor bajo el nombre de fantasía "Compuline Computación" con domicilio en la calle Rosales 747 de Río Grande, pero sólo se pudieron constatar en los registros operaciones realizadas entre mayo y diciembre de 2007.
Avanzando en el caso, "... puede sostenerse que se encuentra probado, con la precariedad que exige el presente auto, que se efectuó la sustracción de fondos públicos sin contraprestación de servicio alguno, para lo cual han sido llevadas a cabo diferentes maniobras tendientes a generar una apariencia de legalidad de la sustracción, y evitar la verificación de la ilegalidad en la que se incurrió. Para esto, fueron desprendidos de su trámite normal a los expedientes Nº 9539-ME-07, 9533-ME-07, 6033-ME-07, 7948-ME-07, 7281-ME-07, 2272-ME07, y 1634-xx-07, algunos de los cuales podría afirmarse a esta altura, fueron creados con fines espurios", sostuvo De Gamas en su resolución primaria.
Por otra parte, menciona que "a fin de dar apariencia de legalidad y ante la necesidad de contar con resolución de la Secretaría de Contrataciones para la aprobación de gastos, con fecha 5 de diciembre del año 2007, desde una computadora del mismo Gobierno provincial, fueron creados los documentos que simulaban a las resoluciones de estilo. A tal fin se simuló por sistema que los aludidos expedientes habían sido girados a la Secretaría de Contrataciones y Abastecimiento, sin que esto acontezca materialmente, es decir, los expedientes no salieron de la esfera de custodia de los autores del ilícito".
Ante tales circunstancias el Juez señala que "así el día 14 de diciembre de 2007, en la Contaduría General, se efectuó la imputación definitiva de la totalidad de los expedientes enunciados precedentemente incorporando allí el proveedor del caso y se llevó adelante el devengado final, tramite necesario e imprescindible para la emisión de la orden de pago.
De Gamas mencionó en su momento que Arrebola "recibió como recompensa por su participación en la comisión del ilícito, dos letras de tesorería que oscilaban los cien mil pesos cada una, quedándose el titular de la cartera económica con el resto de los cartulares. Posteriormente se efectuó una reunión, a la cual asistieron varios imputados de autos y se extrajeron del Gobierno provincial 'carpetas amarillas' en bolsas de consorcio".
Concretamente, el magistrado sostiene que "dos meses antes de la consumación del hecho bajo análisis, Arrebola entregó a Sosa el talonario de facturas encontrándose en blanco, a excepción de la primera factura, que se correspondía a una operación comercial de la empresa de la que el imputado de referencia es titular".
En el caso se vislumbra que Arrebola recibió el pago en letras el 14 de diciembre en las oficinas del propio Ministerio de Economía a cargo por esos días del ministro de Obras Públicas, Horacio Héctor Sosa. A partir de las declaraciones del empresario y de las posterior pericia caligráfica sobre las copias de las facturas es que De Gamas Soler da por sentado que Arrebola sólo recibió dos de las 18 letras y que las restantes las retuvo Sosa.
