l Ejecutivo provincial promulgó la ley que habilitó el proyecto de instalación de la planta de metanol en la provincia. El decreto fue firmado por la gobernadora Fabiana Ríos el pasado 23 de diciembre, en la misma jornada en que la Legislatura le dio luz verde al memorando de entendimiento con la empresa china.
La promulgación de la ley se publicó ayer en el Boletín Oficial bajo el decreto 2724 firmado por Ríos y rubricado por la ministra de Salud María Grieco. En la ley 774 se aprobó el memorando de entendimiento que incluye los puntos centrales del acuerdo de gas firmado entre la Provincia y la empresa Tierra del Fuego, Energía y Química SA.
La norma, que fue promulgada en tiempo récord, se encuentra exceptuada del principio general del remate o licitación pública previsto en la ley de Contabilidad a la operación de disposición y colocación de regalías en especie de gas natural por parte de la Provincia, en virtud de la especialidad de la materia y la legislación nacional específica que resulta aplicable.
En su artículo N° 2, la ley obliga a la creación de una cuenta especial en el Banco Tierra del Fuego para depositar los fondos provenientes del pago anticipado por la compra de gas de regalías, los que tendrán carácter de intangibles e inembargables. Esas partidas serán destinadas prioritariamente a gastos de infraestructura pública provincial y gastos de capital. Allí también se establece que el Poder Ejecutivo Provincial remita al Poder Legislativo en el término de 60 días corridos -es decir el próximo 27 de febrero- el "Plan de Obras" para su evaluación y posterior aprobación en forma previa a cualquier trámite administrativo tendiente a la ejecución del mismo.
En la ley se autorizó al Gobierno a renegociar el precio fijado para la venta anticipada de gas, que fue fijado en 1,80 dólares el millón de BTU. Para calcular el valor de la segunda y tercer cuota, a pagar en 2010 y 2011, se aplicará el 50% de la variación del precio internacional del gas y el 50% de la variación de precio internacional del metanol. El Ejecutivo se encuentra obligado a garantizar el normal cumplimiento del pago de la coparticipación a las municipalidades, en concepto de recursos por regalías hidrocarburíferas.
