a multisectorial nucleada en el Foro Social Urbano impulsó ante el Ejecutivo provincial un proyecto "piloto" sobre "Producción Social del Hábitat", para la creación de un programa específico de construcción de viviendas por autogestión, que nacería como una alternativa más para paliar la crisis habitacional que afecta a la provincia. Este modelo de trabajo, sin precedentes en Tierra del Fuego, está inspirado en experiencias desarrolladas por el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y Movimiento Territorial de Liberación (MTL) de la Provincia de Buenos Aires, y agrupación Tupac Amaru de Jujuy, entre otras cooperativas de vivienda consolidadas en el resto del país.
Esta iniciativa fue presentada informalmente ante legisladores fueguinos, concejales capitalinos y el propio intendente Federico Sciurano, con el fin de instalar el debate y el análisis de la propuesta durante el año que se avecina, y que la ejecución del proyecto pueda ser posible a partir del año 2010. Silvia Paredes, trabajadora social miembro del Foro Social Urbano, destacó que "la idea es que ver si durante 2009 se acuerda entre la Provincia y el Municipio, y la gente de los barrios para trabajar en una experiencia piloto con algún asentamiento chico, o cooperativa a conformar".
Así, la referente enfatizó que "este programa presentado busca ser el espíritu de una futura ley" y detalló que "comprende el financiamiento de la adquisición de suelo, la cooperativazación del trabajo y la apoyatura profesional para organizar un proyecto urbano barrial".
Detalles
Este modelo colectivo de autogestión del hábitat es un proceso lento, que rompe con las prácticas habituales, y donde los vecinos se vuelven actores en todos las etapas de este proceso. Entre sus punto instala un concepto nuevo que es la propiedad colectiva de la tierra, que implicaría que los individuos no son dueños de la tierra sino a la organización o cooperativa de vivienda a la que pertenecen.
Asimismo, esta política de autogestión de hábitat social implica la transferencia de recursos económicos del Estado a las organizaciones sociales con el objeto de que ellas mismas sean los administradores y ejecutoras de los proyectos que lleven a lograr la construcción de viviendas sociales. Ésta es una visión casi antagónica a la que mantuvo durante décadas el Estado, puesto que este tipo de construcción por año fue excusa para la trasferencia de recursos a los sectores empresariales.
