ONG Finisterrae vs. Municipalidad de Ushuaia

La Justicia no hizo lugar a presentación contra la consulta popular que hizo Graciela Ramacciotti

25/02/2009
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a Justicia electoral resolvió no hacer lugar, por extemporánea, a la medida cautelar interpuesta por la titular de la ONG Finisterrae, Graciela Ramacciotti, para suspender la consulta popular que la Municipalidad de Ushuaia realizó los pasados 9 y 10 de diciembre sobre el denominado "Fondo de Capital Social para la Demanda Habitacional". El juez Horacio Maffei no sólo consideró abstracto el pedido, sino que hizo referencia al dictamen del fiscal Oscar Fappiano sobre la discusión de los plazos de la convocatoria, el que da la razón a la interpretación que realizó el Ejecutivo.
Cabe recordar que previo a la concreción de esta consulta, distintos actores consideraron que la convocatoria a la misma era nula ya que se había realizado fuera de los plazos legales. Sin embargo, el fiscal ante el Superior Tribunal, Oscar Fappiano, evaluó que la ordenanza que legisla al respecto habla de 45 días de antelación, "plazo que podrá ser reducido hasta una tercera parte, 15 días", tiempo al que se ajustó el decreto de convocatoria.
Por su parte, Maffei consideró que la cuestión planteada -la suspensión de la consulta- "resulta abstracta ya que la convocatoria municipal se ha llevado a cabo con relativo éxito, el pueblo de Ushuaia ha votado, además hay que tener en cuenta que la consulta popular no era obligatoria, quedaba la decisión en manos del Concejo Deliberante, cualquiera fuera la votación a favor o en contra, era una herramienta prevista por la Carta Orgánica, se hizo por primera vez en Tierra del Fuego y con una participación popular superior a la media de todo el país en materia de Consultas Populares, sin costo alguno para el erario municipal ya que el Ministerio del Interior de la Nación cubrió los gastos".
Cabe recordar que el "Fondo de Capital Social para la Demanda Habitacional" es un proyecto por el cual se habilita al Municipio a vender a través de licitación o subasta pública un grupo de terrenos fiscales de alto valor económico por su ubicación estratégica en la ciudad. Con el dinero producido por esa operatoria se van a financiar obras de tendido de servicios en proyectos de urbanización a través de los cuales se busca dar solución habitacional a 2500 familias.

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