on similares preguntas que se fueron repitiendo en 5 de los 8 profesionales en carrera, el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego inició ayer en Ushuaia las entrevistas al primer grupo de aspirantes a ocupar el cargo vacante en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, tras la renuncia de Mario Arturo Robbio.
Sin que primaran de manera exclusiva las consultas de alto contenido jurídico, que impidieran a la prensa seguir el diálogo evaluatorio de selección, el proceso de entrevista se formuló sobre 7 preguntas centrales, las cuales a partir de un temario dinámico hilvanaron conceptos que, según los expositores, alcanzaron por momentos un alto interés pedagógico.
De tal manera, los 5 entrevistados respondieron y brindaron su opinión sobre los motivos por los cuales estaban interesados en ocupar el cargo, cómo entendían que debía relacionarse el Poder Judicial con la prensa, qué modificaciones consideraban necesarias al Código Procesal Penal, qué opinión se poseía sobre la conformación del Consejo de la Magistratura y los criterios de evaluación que éste utiliza, qué principio aplicarían para resolver un conflicto laboral docente donde se contrapone el derecho a huelga con el derecho a la educación como servicio esencial, qué medidas aplicaría para agilizar la tramitación de Justicia y, finalmente, saber si alguno de ellos estaban concursando cargos en otras jurisdicciones.
De tal manera, desde las 9.30 hasta las 17.30 de este miércoles, los miembros del organismo que preside el vicepresidente del STJ Gonzalo Sagastume realizaron entrevistas y evaluaciones al penalista y docente universitario en Capital Federal Hernán Gullco, a la jueza en 1ra Instancia María Adriana Rapossi, al juez de Cámara, Javier Darío Muchnik, al secretario de Recursos del STJ Jorge Pedro Tenaillón y al juez del Tribunal Oral Criminal Eugenio Sarrabayrouse; estos últimos 4, con residencia en Tierra del Fuego.
Durante las 8 horas se respondió y se analizó con actualidad y sentido propositivo, a partir de las preguntas que fueron formuladas mayoritariamente por el presidente del Consejo y por el legislador Ricardo Furlan (PJ) y en menor medida por la legisladora Mónica Urquiza (MPF), por la doctora Teresa Lopardi y el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre.
En ese contexto de evaluación, llamó la atención que una de las dos primeras preguntas que se formularon estuviera referenciada a conocer qué mecanismos podrían desarrollarse para generar un sistema de comunicación entre la Justicia y los medios de prensa, para salir del concepto histórico en que "los jueces hablan por sus sentencias", para que de esta manera el trabajo de dictar justicia tenga mayor comprensión o interpretación pública y social.
Y por su actualidad, en lo que respecta a la sucesión de conflicto entre el gremio docente y el Poder Ejecutivo provincial, que pudiera escucharse una serie de enfoques jurídicos constitucionales sobre el derecho a huelga y el derecho a la educación, cuando la no resolución de ese conflicto impide que un importante segmento social, cumpla con los programas educacionales básicos, necesarios y obligatorios.
Faltando aún realizar las últimas 3 entrevistas a los doctores Walter Suarez Báez, Federico Rauch y María Cecilia, quienes por diferentes razones solicitaron corrimiento de fecha para ser evaluados, el Consejo de la Magistratura continuará con el proceso de selección el próximo miércoles 20, para definir posteriormente el nombre que enviará al Poder Ejecutivo Provincial para su nominación.
Al Fiscal de Estado no le gustó la respuesta
En contraposición a lo que se fue desarrollando durante todas las entrevistas, fue llamativa la actitud de Martínez de Sucre, quien ante la opinión de Eugenio Sarrabayrouse sobre cómo mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y los criterios de evaluación que éste utiliza, se molestó y polemizó con el letrado cuando éste sugirió evaluar y analizar en una mesa de alta representatividad pública nuevas formas de participación social y transparencia que eleven aún más la calidad institucional los procesos de selección de los jueces.
La opinión del entrevistado surgió a partir de la pregunta que efectuó y fue repitiendo el propio Consejo y no de un deseo personal del abogado, por lo que la réplica del Fiscal de Estado puso de relieve un sentido de afectación personal posiblemente sobre su larga y controvertida participación durante 15 años integrando el mismo, más que el de un evaluador objetivo y ecuánime en sus apreciaciones. Latente quedó el interrogante de si la confrontación realizada por Martínez de Sucre no generó un efecto negativo que podría poner en desventaja al entrevistado sobre el resto.
| Privacidad para analizar el acceso público a la información Cerrada la etapa de entrevistas y en sesión reservada, los miembros del Consejo –con excepción del Fiscal de Estado que se retiró sin intervenir–, tomaron conocimiento de la solicitud efectuada por Guillermo Worman de la Asociación Civil Participación Ciudadana, quien invocando la Ley Provincial Nº 653 (de acceso a la información pública) pidió conocer aspectos sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. |
