l Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó en su última sesión un proyecto de ordenanza del bloque de la UCR que implementa el denominado "Sistema de Promoción de Inversiones por Iniciativa Privada". La norma reglamenta el tratamiento que tendrá toda propuesta de personas físicas o jurídicas para realizar obras, servicios públicos o emprendimientos que requieran permisos, licencias o concesiones por parte de la Municipalidad, a costa y riesgo de quien lo proponga. De esta manera, quedará regulada la relación entre Municipio e inversores.
Según el articulado, las personas o empresas que quieran efectuar una inversión de estas características, deberán brindar un análisis de viabilidad técnica, jurídica, económica y financiera del emprendimiento, especificar las razones y fundamentos de interés público, y disponer una garantía de mantenimiento de la iniciativa equivalente "al 2% del monto de las inversiones de la obra, servicios o bienes a ejecutar, prestar o producirse", entre otros requisitos.
Para evaluar cada proyecto, se conformará la Comisión de Promoción de Inversiones por Iniciativa Privada, la que además deberá proponer "a la Secretaría correspondiente la convocatoria a licitación pública o a concurso de proyectos integrales y a la mejora de las propuestas".
El dictamen de la Comisión deberá ponderar "la dimensión económica de la iniciativa, la calidad de la misma, su complejidad, la creatividad, la solución a un problema municipal, el interés o impacto social que sustenta la misma o cualquier otro aspecto de la presentación que contribuya a su mejor comprensión y evaluación".
Si la Comisión aconseja su aprobación, luego será el Concejo Deliberante el que dicte una Declaración de Interés y Promoción Municipal, luego de lo cual será el Departamento Ejecutivo Municipal "el encargado de dictar el acto administrativo que dé inicio al trámite para el pertinente llamado y selección del adjudicatario en las condiciones establecidas por las normativas correspondientes".
Con esta iniciativa –que ya había sido aprobada en la gestión municipal anterior, pero vetada por el Ejecutivo– se busca el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para el desarrollo de la ciudad.
