os trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos continúan con la ocupación de las oficinas del organismo hasta que haya una definición sobre el presidente Adrián Gómez y el vice Alejandro Berola.
En relación a la presentación que realizarían en el Tribunal de Cuentas de la Provincia y la Fiscalia de Estado, el abogado patrocinante de ATE, Gregorio Luna Iturres, comentó que "es grave lo que pasa con la obra del Puerto, porque se habla de millones de pesos que se han pagado y se está violando la ley de obra pública, porque la empresa no presentó proyecto y debería devolver el dinero que le pagó el Estado hasta el momento".
En este punto señaló que "no se puede trabajar sobre un anteproyecto, el único caso en que se podría hacer esto es cuando hay una situación excepcional, que se necesita realizar sí o sí una obra, inclusive presupuestariamente si hay tanto dinero se puede imputar en algo especifico, cómo se comienza y termina, porque eso dice la ley de obras públicas".
Además destacó que durante la presidencia de García Carral, se anuló la licitación de esta obra, y "la resolución que deroga la nulidad de la licitación no tiene sustento jurídico ni fundamentos y esto lo hicieron las actuales autoridades del ente, eso es totalmente ilegal".
Asimismo indicó que "básicamente lo que vamos a hacer es informarles a las autoridades de contralor para que actúen en consecuencia, porque hay graves irregularidades que se deben tener en cuenta y anular la licitación,".
Con respecto a esto, anotó que "lo podría anular el puerto declarándola lesiva, pero no hay voluntad política, no existe, y el fiscal deberá actual como adalid de la justicia". Por último sentenció que "tanto la empresa como el Puerto son co-responsables y además hay una resolución que declara lesiva la obra, lo que pasa es que hay que pedir a la Justicia que lo confirme".
