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En el marco del debate que en torno al denominado proyecto de "Ley de Flagrancia", que impulsado por el Ejecutivo provincial se desarrolla en el seno de la pertinente comisión legislativa, las afirmaciones sustentadas por el legislador oficialista Osvaldo López llevan a concluir, cada vez con más firmeza, que más allá de fondos, lo que realmente está escaseando es sentido común.
Dijo el legislador: "No sustento posiciones basadas en lo que informan cotidianamente los medios masivos de comunicación. Esto en virtud, entre otras razones, de que generalmente tales medios expresan, con parcialidad, los intereses de los sectores más concentrados del poder económico, manipulando selectivamente la información, contribuyendo a la instalación de una sensación social falsa o, al menos, incompleta, invisibilizando las causas verdaderas de las situaciones que como pueblo nos aquejan, y que tienen que ver con pobreza, injusticia y desigualdad".
Entre las tantas cuestiones que el legislador parece no estar en condiciones de poder sustentar es que lo que en materia policial se informa obedece exclusivamente a lo que a través del área de prensa la Policía de la Provincia hace llegar a los medios. En todo caso, sería más oportuno suponer que, sea por cuestiones de pesquisa, sea por cuestiones de estadística, desde el Gobierno no se informa todo lo que en materia de seguridad (o inseguridad mejor dicho) ocurre, con lo cual lo que en realidad se conoce públicamente es sólo una parte. Ahora bien, recogido el guante de lo que directamente como medio nos toca, me referiré al planteo que el legislador formula sobre el proyecto en cuestión.
López dice que no avala ningún "procedimiento directísimo" que, pudiendo implicar una intolerable regresión en materia de garantías constitucionales se interese más en defender las propiedades de los sectores acomodados de nuestra sociedad reprimiendo las consecuencias de un orden social excluyente, que en atacar las causas de la problemática, que tienen que ver con falta de oportunidades igualitarias para todos, con pobreza estructural y con falta de justicia social. Y aquí cabría preguntarse ¿qué tiene que ver el traste con la memoria? (aunque como ya es conocido hay algunos legisladores que en realidad parecieran pensar con el ídem). El legislador pareciera pretender establecer una nueva clasificación del delito a partir de la cual algunos merecen ser investigados y condenados y otros no. En todo caso cualquiera sabe, y él en su carácter de profesional del derecho debería conocer más que nadie, que a partir de la denuncia de un delito, sin importar el color del cuello del sospechoso de haberlo perpetrado, la investigación, acusación, juzgamiento y condena es llevada adelante por los poderes del Estado. Por lo tanto, si hay más presos por robo de gallinas que por defraudaciones millonarias al Estado es una manifestación más de la ineficacia del sistema (velada o no) como de la incapacidad por parte de los "servidores públicos" (categoría esta que por supuesto también alcanza a López), independientemente de la dirección en la que se encuentra el sillón que ocupan.
En cualquiera de los casos, en el terrible contrasentido por el que transitan los protagonistas del ARI fueguino, las afirmaciones de López no desentonan.
Vale mencionar que hace pocas horas, en lo que puede calificarse como un hecho inédito, dos funcionarios de primera línea del actual gobierno se cruzaron públicamente por acusaciones de corrupción y como única respuesta la Gobernadora atinó a decir que daban un espectáculo tristísimo. Tan triste como la existencia de la doble ética gubernamental o como la aceptación de la mentira oficial, es la situación política en que el accionar gubernamental expuso al Jefe de la Policía de la Provincia.
El proyecto de la denominada Ley de Flagrancia fue impulsada por la Jefatura de Policía, cargo que depende de la determinación política de la Gobernadora y que orgánicamente reporta al ministro de Gobierno. En una primera lectura podría suponerse que de la única manera que este proyecto haya llegado a la discusión parlamentaria es porque contó con el visto bueno político de Aramburu primero y Ríos después, por lo menos.
Luego, y más allá del acompañamiento de distintos sectores sociales a la iniciativa, puede decirse que desde lo político el Jefe de Policía, Crio. Papa, quedó más solo que Bassanetti en asado del ARI, si se me permite el chascarrillo. Esto es, ni el ministro Aramburu concurrió al debate en la comisión parlamentaria, ni la Gobernadora defendió públicamente la iniciativa y lo que es peor aún, los mayores ataques al proyecto son motorizados por el propio bloque legislativo del ARI.
Más allá de la percepción que sobre la realidad pueda tener el legislador López, los datos indican que en el primer semestre del año en curso la cantidad de hechos delictivos en flagrancia registró un aumento del 260%, y por las dudas vale aclarar que este no es un dato que hayamos inventado.
Por otro lado, la información oficial señala que desde la creación de la división Delitos Económicos se instruyeron 23 causas, se procesaron a 17 personas y el monto de dinero investigado está en el orden de los $90 millones. Todo esto sin que el legislador López haya formulado ni siquiera una mínima contribución, ni intelectual ni material a luchar contra un tema que parece tanto lo desvela.
Al legislador López, que tan preocupado por los delitos de "cuello blanco" se muestra, cabe preguntarle cuál fue la contribución que como legislador generó, promovió o acaso acompañó en tal sentido. Claro, tal él mismo sostiene, todavía no escuchó demasiadas propuestas de comerciantes ni empresarios en cualquier alternativa de reforma procesal que permita avanzar en forma directísima en la aprehensión de reos que expoliaron nuestros patrimonios comunitarios. ¡Qué vergüenza señores comerciantes e industriales! ¡Qué esperan para ponerse a trabajar en lo que debería ocuparse el legislador! ¡Por favor, así no vamos a llegar a ningún lado!
Y es precisamente sobre este tópico, el del patrimonio comunitario, que me gustaría preguntarme: qué color de cuello le ponemos a quien percibe un sueldo mensual de unos $13.500, más otros aproximadamente $7.000 de desarraigo, destinando además algo así como $34.500 por mes a pagar tres asesores, (por lo menos) para sesionar sólo 3 veces en lo que va del año.
No sé por qué, pero en este momento tengo la sensación de encontrarme ante la presencia de la comisión de un "flagrante delito cívico".