El Parlamento aprobó ayer en rápido trámite la reforma al Código Procesal Penal mediante la que se creó un procedimiento espacial para los casos de flagrancia que permita contar con un proceso sumarísimo para la resolución judicial de aquellos delitos dolosos con penas que no superen los 6 años de prisión, cometidos por mayores de 18 años.
También se dio el visto bueno a la modificación de la ley de Tasas Judiciales; el proyecto de creación de la Inspección General de Justicia; el que estableció el Programa provincial de asistencia social y contención al Celíaco; el de que garantiza la realización gratuita de cirugía oncoplástica posmastectomía o poscirugía conservadora por cáncer de mama, y el de creación del "estatuto profesional del músico y régimen laboral del ejecutante musical".
Además se avaló el proyecto que autorizó a disponer el 100% de los fondos depositados por el IPAUSS en el Banco Nación para destinarlo a una operatoria de préstamos personales para los afiliados pasivos y activos que sean aportantes al sistema previsional y asistencial provincial.
Se acordó, también, darle tratamiento de iniciativa popular al proyecto de rechazo a la prórroga de pago solicitada por el Gobierno y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química, la que en función de lo estipula la ley nacional N° 24.747, fue remitida al Juzgado Electoral para que verifique por muestreo la autenticidad de las firmas, en un plazo no mayor de 20 días, que podrá ser prorrogado por resolución fundada del Tribunal.
Tal lo había adelantado este medio, el tema que ni siquiera fue tocado tangencialmente en la sesión de ayer fue el nuevo proyecto de ley tarifaria, que busca incrementar la presión impositiva sobre las actividades pesquera, hidrocarburífera e industrial electrónica.
A un mes de presentada esta iniciativa, el Ejecutivo deberá aguardar, como mínimo, otros 15 días para que esta propuesta tenga chance de ser abordada por el Parlamento.
Vinculado a la cuestión tributaria, el bloque del MPF presentó para su giro a comisión, un proyecto de regularización de deudas con el fisco, con la intención de que sea tratada de manera simultánea con la de obligaciones fiscales.
La próxima sesión ordinaria fue fijada para dentro de 35 días: el jueves 29 de octubre.
Sistema acusatorio a pruebaCon la aprobación de la denominada ley de flagrancia, la Provincia dio un primer paso hacia la adopción del sistema acusatorio que vendría a reemplazar al actualmente en vigencia, en el que la instrucción de las causas están en manos de los Jueces de Primera Instancia. A diferencia de ello, el nuevo régimen pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal la facultad de dirigir la investigación de los hechos encuadrados dentro del procedimiento espacial para los casos de flagrancia.
En atención a la mayor carga de trabajo que ello demandará, se contempló la ampliación del cuerpo de fiscales en un cargo por distrito, como así también la creación de dos secretarías por jurisdicción.
El proyecto busca además acotar sensiblemente los plazos de resolución judicial de los delitos cuyos autores sean capturados en condición de flagrancia, par tratar de reducir los actuales niveles de reincidencia en delitos contra la propiedad.
Si bien la iniciativa resultó aprobada por unanimidad, el arista Osvaldo López planteó sus dudas en cuanto a la efectividad que tendrá este procedimiento en la obtención de los fines buscados, por lo que abogó por la implementación de políticas públicas de contención que permitan resolver la problemática delictiva generada por la exclusión social.
En materia judicial, finalmente se resolvió avanzar en la modificación de la ley de Tasas de Justicia. La reforma contempla actualizar el valor del monto fijo (de 80 a 160 pesos) que deberá pagarse en los juicios cuyo objeto litigioso no tenga valor pecuniario definido. Se mantuvo el 3% sobre el valor del objeto del litigio para las actuaciones susceptibles de apreciación pecuniaria, y se introdujeron cambios en cuanto a la cancelación de esta obligación. Si bien se mantiene inalterable el pago del 50% al momento de promover la demanda y del saldo al momento de pedir sentencia, se determinó que para aquellos casos en que el litigio se resuelva sin llegar a esa instancia, el 50% restante no deberá ser cancelado.
La nueva IGJ También por unanimidad, aunque con disidencia en dos artículos, se dio por aprobado el proyecto de ley que creó, en el ámbito del ministerio de Gobierno, la Inspección General de Justicia. Organismo que al día de hoy carecía de una norma provincial que regulara su funcionamiento y el régimen laboral de su personal.
En esta materia se determina que el Director y Subdirector de la IGJ deberán poseer título habilitante de abogado y pertenecer a la planta permanente de personal de la Administración Pública provincial. Estipula además que todos los agentes que presten funciones en esa dependencia estarán sometidos al régimen de dedicación exclusiva y de bloqueo de títulos. En función de ello se establecen los adicionales "dedicación exclusiva", que será equivalente al 65% del sueldo básico más suplemento por zona y bonificación especial, y "bloque de título", por el que se percibirá un 200% del sueldo básico más suplemento por zona y bonificación especial. Justamente los artículos que definen estos aspectos del régimen laboral fueron aquellos en los que la bancada del ARI votó por la negativa.
Todo a préstamos En un todo de acuerdo con el texto consensuado entre trabajadores activos y pasivos afiliados al IPAUSS, los legisladores aprobaron ayer el proyecto que posibilita que la totalidad de los fondos, que por imperio de la ley 676, el organismo de la seguridad social tiene depositados en el Banco Nación, sean destinados a una operatoria d prestamos personales, a los que podrán acceder únicamente los afiliados activos adorantes al sistema jubilitario y asistencial provincial, y los jubilados y pensionados de IPAUSS. Lo que veda la posibilidad de beneficiarse con esta operatoria a integrantes del Poder Judicial y Policía de la provincia.
Los fondos en cuestión serán de afectación específica, para lo que se habilitarán cuentas de carácter inembargables e intangibles en el BTF.
Del recupero de los préstamos otorgados, el 15% será destinado a constituir un "Fondo de Recupero de Reservas Técnicas Provisionales". Esos recursos deberán ser invertidos en préstamos personales de corto plazo (no más de 6 meses), y sólo en caso de emergencia provisional dictada por ley podrán afectarse a garantizar la "evolución integral de sistema provisional".
Iniciativa popular a la Justicia y después a comisión
La decisión del Parlamento de habilitar el trámite de iniciativa popular para el tratamiento del proyecto de rechazo al pedido de prórroga en el plazo de pago de la primera cuota por la venta directa anticipada de gas de regalías a favor de la empresa Tierra del Fuego Energía y Química –que fue presentado con el respaldo de más de 15.000 firmas–, no dejó satisfechos a los impulsores de la propuesta.
Es que en atención a la falta de una ley provincial que reglamente ese instituto en la carta magna fueguino, y al fallo judicial que dispuso que hasta tanto se cubra ese vacío normativo deberá aplicarse la ley nacional que regula la materia, los legisladores resolvieron por mayoría remitir el expediente al Juzgado electoral para que se certifique, por muestreo y en un plazo no mayor de 20 días, por los menos la validez del 0,5% del total de las firmas presentadas. De nada sirvieron los planteos formulados por el radical Pluis para que el proyecto fuera tratado sobre tablas, tal lo reclamaba parte del público presente, ya que una vez que la Justicia certifique el cumplimiento de las obligaciones formales que debe cumplir la iniciativa popular, el asunto será girado a comisión.
A pesar del disgusto que causó esa determinación, da toda la impresión que la estrategia elegida no resulta inadecuada para zafar de la potencial "encerrona legal" que suponía dar tratamiento al pedido de ratificación solicitado por el Ejecutivo del acta acuerdo firmada por la Gobernadora y la empresa el pasado 1 de agosto. De haberse abordado el pedido, la Legislatura hubiera reconocido la existencia de un contrato entre las partes, ya que el acta en cuestión, además de la prórroga, contiene una serie de aclaraciones sobre algunas de las cláusulas del contrato que a entender del Gobierno tiene plena vigencia, y que para el Fiscal de Estado carece de toda validez jurídica. Aun rechazando la retensión del Ejecutivo, al tratar el asunto los legisladores habrían validado ese instrumento, y todo lo actuado por el Ejecutivo, que nunca fue ratificado por ellos. |
