El tratamiento legislativo del proyecto de ley mediante el que por unanimidad se aprobó el convenio de Asistencia Financiera firmado con Nación por 50 millones de pesos fue el escenario elegido por la oposición para fustigar al partido de Gobierno, al que se acusó de haber ejercido un oposición "fundamentalista" cuando se negaba a autorizar a ejecutivos de otros signos políticos a contar con estas mismas herramientas financieras que ahora reclaman como imprescindibles y urgentes.
Por su parte, desde el oficialismo se justificó este cambio de postura en la profunda crisis que vive la Provincia producto de la afectación que ha tenido sobre las finanzas nacionales la crisis internacional, y en el diferente escenario económico que vivía Tierra del Fuego cuando sustentaban una postura que se presenta contradictoria a la actual.
A pesar de este cruce de reproches, el convenio de Asistencia Financiera contó con el acompañamiento de los 14 legisladores que tomaron parte de la sesión especial de ayer, y en la que el único ausente fue el vicepresidente 1º del cuerpo, Manuel Raimbault, por encontrarse al frente del Poder Ejecutivo. En el proyecto aprobado se dejó expresa constancia de que el monto involucrado en este PAF forma parte de la autorización dada por ley 796, para que el Gobierno gestione ayudas financieras por hasta 100 millones de pesos.
Ni bien iniciada la sesión especial, el oficialista Fabio Marinello agradeció el acompañamiento dado por la oposición a la aprobación del Convenio y precisó que la necesidad de contar con esta herramienta para la refinanciación de deudas era producto de la caída de recursos provinciales registrados a lo largo del año por efecto de la crisis internacional.
Desde el Frente para la Victoria, Ricardo Wilder aprovechó para "facturarle" al ARI que como oposición durante la gestión del ex gobernador Cóccaro –al que Wilder está vinculado políticamente– se habían negado a que la Provincia accediera a un convenio de Asistencia Financiera, y que pesar de ello habían pretendido asignarle como destino específico a los fondo que se obtendrían el pago de la deuda previsional reconocida pro ley 676.
Sostuvo que esa conducta respondía a que el ARI encarnaba, en la figuras de los legisladores Raimbault y Martínez, una "oposición fundamentalista" que se oponía a todo. "En aquel momento los legisladores Martínez y Raimbault decían que obtener recursos de estas características estaba mal, y lo que antes estaba mal ahora resulta imprescindible y urgente", precisó.
Es más, interpretó que ese tipo de posturas todavía sigue existiendo hoy, ya que evaluó "que dentro del oficialismo hay un sector fundamentalista" que como contrapartida cuenta con "un sector que tiene bien claro que es gobierno y que tiene que buscar todas las alternativas de solución para lograr los objetivos de Tierra del Fuego".
Al margen de estas cuestiones de revisionismo histórico, Wilder señaló que los fondos que ingresen en virtud de este de Convenio "no se pueden usar para pagar gastos de funcionamiento" porque así lo establece la Constitución.
Luís Velásquez, del Movimiento Obrero, se sumó a estas críticas al señalar que el ARI pretende justificar lo injustificable para explicar sus contradicciones.
Desde el MPF, Mónica Urquiza avanzó sobre una línea argumental similar, y celebró que "el ARI se haya dado cuenta de las diferencias que existen entre ser oposición y oficialismo" y que cuando se gobiernos se deben tomar decisiones que no siempre resultan simpáticas "pero que son necesarias para la Provincia".
Por su parte, el radical Gabriel Pluis apuntó específicamente a la figura del actual senador Martínez. Recordó que durante su paso por la Legislatura fueguina se oponía a este tipo de asistencias financieras argumentando que en lugar de estar rogando por fondos ante Nación, la Provincia debía exigir los recursos que por ley le corresponden. "Espero que ahora, como Senador, cuando se discuta el presupuesto 2010 siga sosteniendo ese reclamo", apuntó.
La defensa del ARI, y en particular de Manuel Raimbault, la encarnaron los legisladores Marinello, De María y Deheza, quienes con distinto grado de intensidad cuestionaron a las gestiones gubernamentales que precedieron a la de Fabiana Ríos. La definición más dura corrió por cuenta de Deheza al sostener que aquellos partidos políticos que no fueron reelectos para gobernar la provincia y los que dejaron el Ejecutivo con causas judiciales pendientes carecen de autoridad moral para dar clases sobre cómo se debe gobernar.
