El cuerpo de concejales llevó a cabo ayer la 11º sesión ordinaria de este año, a partir de las 12 en el Centro Cultural Esther Fadul. En primer lugar, el conjunto de ediles resolvió tras un intenso debate girar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas el proyecto de ordenanza que establecía el cobro de un cargo a los ocupantes de tierras fiscales, según el espacio de terreno que utilicen.
Cabe recordar que el intendente Federico Sciurano presentó recientemente ante el cuerpo deliberativo el proyecto que pretende "reglamentar lo atinente a la ocupación sin autorización de espacios públicos o tierras fiscales", creando para ello un cargo establecido entre 300 Unidades de Cargo Ambiental (UCA) a 3000, según la superficie de terreno ocupado por cada persona que lo haga sin autorización del Municipio. El proyecto surgió en respuesta al resultado de la Consulta Popular que se realizó los días 8 y 9 de octubre, en que la voluntad popular expresó su conformidad con la propuesta, e incluye la posibilidad de que ciertas familias no deban abonar el monto, a través de un informe social elaborado por el área municipal correspondiente, en caso de que sus ingresos totales no superen el doble de lo establecido para la "Canasta Básica Alimentaria Provincial".
Posteriormente, los concejales dieron lugar a la denominada "Banca del Vecino", que fue utilizada en primer lugar por la escuela de patín Nora Vega, cuyos integrantes mostraron a los presentes el trabajo que realizan diariamente en cuanto al entrenamiento, los elementos necesarios y el costo de los mismos, y además dieron muestra de los deportistas que obtuvieron reconocimiento a nivel mundial. En ese sentido, el concejal del Frente Para la Victoria Juan Carlos Pino expresó que "los chicos compitieron a nivel mundial con patines adaptados, casi atados con alambre, por no poder comprar los que se necesitan realmente para esta actividad", por lo que realizó un "llamado de atención" al Departamento Ejecutivo Municipal solicitándole que apoye económicamente las actividades deportivas de todo tipo.
Así, la sesión continuó con la entrega a un grupo de profesionales médicas de una Resolución que fue aprobada por el Concejo Deliberante en la 10º Sesión Ordinaria, en que se declaró de Interés Municipal el programa "Ponele el Pecho", destinado a la prevención del cáncer de mama. Las doctoras Andrea Nader, radióloga, Verónica Baró, oncóloga, y la patóloga Adriana Prieto recibieron la Resolución ante los presentes, y agradecieron al cuerpo deliberativo el tratamiento que se dio al tema.
Otro de los asuntos que tuvieron tratamiento en la sesión de mayor relevancia para la comunidad es el proyecto de Ordenanza que fue acordado por todos los ediles, en que se otorga autorización transitoria por el término de 90 días a los vendedores ambulantes para ejercer la actividad, hasta que se sancione una Ordenanza definitiva que la regule. La norma transitoria puede ser prorrogada por 90 días más, y afecta exclusivamente a los vendedores empadronados (registrados por la Municipalidad de Ushuaia) que se han presentado en varias ocasiones ante el Concejo Deliberante a fin de realizar modificaciones a la Ordenanza vigente, a partir de las multas que se les han aplicado por no permanecer deambulando constantemente, entre otros motivos.
Cabe destacar que la normativa que rige hasta la fecha fue sancionada durante el año 1988, por lo que el cuerpo deliberativo llegó a un acuerdo en cuanto a la necesidad de reformarla y, sobre todo, modernizarla adaptándola a la sociedad actual.
En diálogo con el diario del Fin del Mundo, el concejal Juan Carlos Pino se refirió al proyecto presentado por el Intendente que establece el cobro de un monto a ocupantes ilegales de terrenos fiscales, y señaló que "entendemos que es una Ordenanza confrontista, hemos hecho un análisis rápido y sabemos cuáles son las multas pero no las sanciones", por lo que "podríamos entender que tienen que ver con no dar el carnet de conducir, la libreta sanitaria y si se trabaja en el Estado hasta podría perderse el empleo, distintas situaciones que confrontan con los vecinos y el Estado en sí".
Así, aseguró que "esto se va a tener que discutir económicamente, jurídicamente y socialmente", teniendo en cuenta que además "compromete la imagen que dejamos ante quienes alquilan, ya que hoy el promedio de alquiler es de $2000, entonces alguna persona que vea esto va a pensar que con los $300 que establece la Ordenanza cada 100 m2, va a poder hacer una casilla y ahorrar el resto".
Por ello, el edil explicó que "el Estado debe tener un equilibrio en función de las deudas que tiene con la sociedad en cuanto a respuestas a la crisis habitacional, y por otro lado ver lo que dijo la justicia respecto a esto", por lo que "lo vamos a analizar con asesores legales, con la opinión del colegio de abogados, gremios y sociedad civil para luego tomar una decisión que contenga a ambas partes, porque también es cierto que hay algunos vivos que están establecidos en estos lugares y sí pueden pagar un alquiler". Así, agregó que "tampoco queremos ser injustos, lo que queremos es un análisis para tomar una decisión tras la discusión con sectores de la comunidad y llegar al consenso para sacar la Ordenanza, o que siga en Comisión".
Por otro lado, Pino afirmó que "el primero que tiene que venir al Concejo es el propio Intendente, que elaboró el proyecto, y tratar de dilucidar cuál es la confrontación que existe en este tema y que no se transforme en marketing político para alguien que necesita levantar su imagen", y señaló que "tiene que haber políticas claras desde el Estado y no propiciar la confrontación en los distintos sectores".
En ese sentido, el concejal por el Frente Para la Victoria recordó que "en 2007 el Intendente tenía que abrir calles y entregar terrenos y no lo hizo", lo que a su entender se traduce en "falta de iniciativa de obras públicas en este sentido". Según dijo el edil, la solución es que "empecemos a desafectar más tierras, y ver la Ordenanza que ya sancionamos para los módulos de asentamiento temporarios, que era para los sectores que ocupan irregularmente", teniendo en cuenta que "hay 7000 inscriptos en el Registro de Demanda Habitacional".
Pino cuestionó además que "el Gobierno a través del Registro Civil les dio el domicilio en ese lugar, la garrafa, Energía les da la luz, Obras Sanitarias les lleva el agua, la Municipalidad les abrió las calles y les recoge los residuos, y Salud atiende en esos lugares", por lo que "el Municipio les está brindando servicios, abriendo la expectativa, y mejorando su calidad de vida, así que no puede ser que ahora los multen, tendrían que haberlo hecho antes".
Finalmente, el concejal explicó que "la alternativa nuestra es trabajar con una política de Estado en crisis habitacional, desafectando tierras y urbanizando, según el orden del Registro de Demanda Habitacional", ya que "sino el que paga alquiler va a decidir irse a usurpar para pagar $300".
