Transcurridos casi 60 días desde que la Fiscalía de Estado le solicitara el dictado de una medida cautelar que ordenara al Ejecutivo abstenerse de llevar adelante cualquier acto vinculado con la venta directa de gas a TFEQSA, hasta tanto el contrato sea aprobado por el Tribunal de Cuentas y la Legislatura; de que el ex vicegobernador Carlos Bassanetti recomendara se analizara la constitucionalidad de la ley 774, y a un mes de que el Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Oscar Fappiano, postulara la inconstitucionalidad de esa norma, la Corte fueguina aún ni siquiera comenzó a analizar la cuestión.
La demora responde a que el alto tribunal resolvió, inicialmente, correr vista al Ejecutivo y a la Fiscalía de Estado de un escrito presentado por el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Longhitano –en el que se informaba sobre la respuesta dada a un requerimiento de la jueza penal Cristina Barrionuevo–, y recién una vez recibida esa repuestas, corrió traslado, ayer, de las actuaciones al fiscal Fappiano, el que cuenta con un plazo de 5 días para emitir su opinión. .
Teniendo en cuenta la celeridad con la que el funcionario del Ministerio Público Fiscal resolvió en su anterior intervención en la causa –a que parece ir a contramano de lo actuado hasta ahora por la Corte–, todo hace suponer que en este caso esa seguirá siendo su conducta.
Una vez recibido el dictamen fiscal, el Superior Tribunal de Justicia deberá sortear el orden de intervención de sus tres miembros en el análisis de la causa, momento a partir del cual contaría con un plazo de 10 días para expedirse.
En el supuesto de que el Fiscal Fappiano resolviera tomarse los 5 días de plazo con que cuenta para emitir opinión, y que el Superior Tribunal resolviera hacer otro tanto, la resolución de la Corte quedaría en suspenso hasta la culminación de la feria judicial, lo que ocurrirá recién en el mes de febrero. De darse este hipotético caso, el Ejecutivo no encontraría mayores escollos para seguir avanzando sobre la base de los hechos consumados, en un tema que tiene sumido a un importante sector de la comunidad en profundas sospechas sobre la transparencia de lo actuado por el Estado fueguino.
Postergar esta definición no hará más que ratificar el principio que sostiene que la justicia lenta no es justicia y seguir abonando al descrédito de la sociedad en sus jueces.
