E
n un intento por acordar posiciones en torno al texto definitivo del proyecto de ley de presupuesto 2010, en particular con los bloques de la oposición, el ministro de Economía y Hacienda de la Provincia, Rubén Bahntje, tiene previsto mantener hoy un encuentro con los presidentes de todas las bancadas parlamentarias.
Según trascendió, la pretensión del Ejecutivo es conseguir en esta reunión una definición sobre el tratamiento que se le dará a la autorización planteada en la propuesta gubernamental para emitir bonos o títulos públicos por hasta 200 millones de pesos y contraer empréstitos para financiar obra pública.
Fondos chinos, ¿sí o no? También es interés de la gestión Ríos conocer que postura política adoptará el Parlamento respecto de mantener dentro del cálculo de recursos presupuestados, los ingresos provenientes de los dos adelantos provenientes de la pretendida venta directa de gas de regalías a Tierra del Fuego energía y Química, que fueron afectados en el proyecto del ejecutivo a financiar obras de infraestructura vinculadas a la ejecución de urbanizaciones, que de común acuerdo con el Consejo Económico y Social fueron calificadas "prioritarias", y será financiado con los fondos provenientes del primer adelanto por la venta de gas a la empresa Tierra del Fuego Energía y Química SA.
La definición política sobre esta cuestión, que involucra 60 millones de dólares –unos 230 millones de pesos a la cotización de ayer– tiene una particular relevancia, teniendo en cuenta que la semana pasada la corte fueguina declaró inconstitucional la ley 774, que habilitó por vía de excepción la contratación directa con TFEQSA. De decidirse que estos fondos se contemplen como recursos para el próximo año, los legisladores respaldarían la postura del Ejecutivo en cuanto a que la sentencia no está firme; el contrato tiene vigencia y, por lo tanto, la Provincia está en condiciones de seguir adelante con la cuestionada operación.
Suspensión de la 676 Otro de los temas considerados prioritarios por el Ejecutivo es el vinculado con la creación de una comisión encargada de evaluar la ley 676, en lo que hace a los montos adeudados al sistema provisional; esquema de pagos alternativos; montos girados o a girar por recupero del Fondo Residual. Esta comisión, según impulsa el Ejecutivo, contará con un plazo de 90 días hábiles para emitir dictamen fundado sobre la continuidad o reformulación de esa ley, que fuera sancionada en 2005 por impulso del bloque del ARI.
Pocas chances Con el grado de precariedad característico a toda negociación política, en el día de ayer referentes de la oposición legislativas consideraron que los temas sobre los que el Ejecutivo pretende obtener alguna garantía de aprobación recibirán como respuesta un rotundo no. Sobre el financiamiento se reiteró que, por Constitución, ese tipo de autorizaciones deben ser otorgadas por leyes especiales, y no por ley de presupuesto.
En cuanto a la suspensión de la vigencia 676 se anticipó que cualquier definición que se pretenda adoptar sobre la cuestión deberá contar con la intervención previa del Directorio del IPAUSS.
Donde se presentaron algunas divergencias fue en lo referente a la incorporación o no de los fondos chinos, ya que mientras una de las fuentes consultadas precisó que esos ingresos deben ser excluidos indefectiblemente del presupuesto en atención al fallo del STJ, otra dijo que el tema aún no fue analizado.
Negociador ausente
El ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, quien se autodefinió como el responsable de llevar adelante la relación con la Legislatura y por ende las negociaciones sobre los proyectos que resultan de interés para el Ejecutivo, hoy no participará del encuentro con los parlamentarios.
Esta ausencia no responde a una nueva estrategia por parte de la gestión Ríos, sino al hecho de que Guillermo Aramburu no se encuentra en la Provincia. Según trascendió, el ministro político ya habría iniciado sus vacaciones. |
