Acusación por sus polémicas declaraciones públicas

Juicio al juez Maffei: en febrero comienza la hora de la verdad

23/12/2009
E
l juez Electoral y de Registro de la Provincia, Horacio Maffei, tiene plazo hasta las 2 primeras horas del jueves 11 de febrero de 2010 para presentar el escrito de defensa en el marco del juicio que lo tiene como imputado por sus declaraciones públicas realizadas a distintos medios de prensa a fines de 2007, oportunidad en que cuestionó al ex gobernador José Estabillo, al ex vicegobernador Daniel Gallo y hasta el propio Superior Tribunal de Justicia por distintas situaciones vinculadas a sus respectivos ámbitos.
Maffei fue notificado el pasado 2 de diciembre de la acusación que formuló en su contra la legisladora Mónica Urquiza (MFP) en su condición de fiscal acusador luego de que el resto del cuerpo desestimara la absolución que previamente había presentado el representante del Gobierno en el consejo, Guillermo Aramburu. Al no compartir el criterio que lo eximía de responsabilidad, el órgano decidió hacer uso de un artículo de la ley 525 que permite designar a otro fiscal para que impulse acusación cuando no comparten el criterio absolutorio.
El artículo 16 establece que el plazo para la contestación del traslado "será de veinte (20) días y el acusado deberá hacerlo por escrito, acompañando la prueba documental y ofreciendo la restante de que intente valerse". El receso judicial jugó a favor del magistrado debido a que interrumpe los 20 días que se mantendrán inactivos hasta el 1 de febrero cuando se reanuda la actividad tribunalicia en Tierra del Fuego.
De esta manera el magistrado tendrá hasta las 2 primeras horas del 11 de febrero para presentar su escrito ante el Consejo de la Magistratura, en el cual deberá plasmar su defensa y contrarrestar la acusación en su contra.

El otro jury

No obstante, vale aclarar que Maffei también deberá defenderse del otro pedido de jury iniciado en su contra a partir de una denuncia de Adrián de Antueno por la tenencia irregular de tierras en la zona de Almanza.
El magistrado fue acusado justamente porque su esposa adquirió, aparentemente de manera irregular, tierras fiscales en la zona de Punta Árbol. Esto le valió que el representante del Poder Ejecutivo en el consejo, ministro Guillermo Aramburu, lo acusara hace 15 días y pidiera su destitución.
No obstante, no se confirmó si Maffei pudo ser notificado debido a que la cédula salió el último día hábil de diciembre antes del inicio del receso judicial.

Cuatro consejeros serán los jueces

Cuatro de los 7 consejeros juzgarán propiamente dicha la conducta del magistrado en esta causa que investiga sus excesos mediáticos y si implicaron algunas de las causales de destitución del cargo.
El presidente del cuerpo, Gonzalo Sagastume (juez del STJ); el vicepresidente, Virgilio Martínez de Sucre (Fiscal de Estado); el legislador Ricardo Furlan (FPV); y la representante del Colegio de Abogados de Ushuaia, Teresa Lopardi, analizarán a partir de las 15 de este jueves la acusación formulada por la legisladora Mónica Urquiza contra el magistrado en su calidad de fiscal acusador. De no haber mediado circunstancias previstas en el código, el cuerpo podría haber tenido una composición de seis miembros para llevar adelante el juicio contra el magistrado más el consejero que hace de fiscal.
No obstante el ministro de Gobierno y representante del Poder Ejecutivo en el órgano de selección y remoción de jueces, Guillermo Aramburu, debió dar un paso al costado en el proceso de la presente investigación teniendo en cuenta que él emitió un informe sobre las declaraciones públicas de Maffei y las encuadró dentro del marco de la libre expresión. Por tal motivo solicitaba que la denuncia en su contra fuese desestimada.
Pero el resto de los consejeros decidieron a propuesta del legislador Furlan hacer uso del artículo 12 de la ley 525 que señala que cuando un informe del fiscal acusador pida el desestimiento de una denuncia, el cuerpo podrá designar por mayoría otro fiscal para que formule acusación. En este caso Aramburu emitió opinión –por lo que debe apartarse– y se designó a Urquiza para que realizara un nuevo informe que terminó acusando al magistrado por su conducta mediática y un tanto agraviante.
Por su parte el representante de los abogados de Río Grande, José Luis Paños, se excusó de actuar por haber cuestionado el desempeño de Maffei en el trámite de la suspensión de las elecciones del Colegio de Abogados de esa ciudad justamente para definir el representante en el Consejo de la Magistratura. En oportunidades anteriores Maffei había efectuado proclamaciones directas de candidatos y en esta oportunidad había decidido suspender los comicios por la renuncia de uno de los candidatos.
Y finalmente Urquiza deberá desempeñarse como fiscal y sostener la acusación durante el juicio, por lo que no tendrá un papel juzgador en el proceso sino acusador.

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