A
nte el silencio que mantienen las autoridades del Congreso Justicialista tras del fallo del Superior Tribunal de Justicia que calificó de inconstitucional a la ley 774, que habilitó el convenio de venta directa de gas de regalías entre el Gobierno y la empresa de capitales chinos TDFEyQ SA, varios miembros de ese cuerpo indicaron que esta semana solicitarán al Presidente del organismo partidario, Eduardo Barrientos, dé cumplimiento al documento redactado el pasado domingo 6 y se pronuncie en contra del mismo, toda vez que en la asamblea de ese día se había asumido el compromiso de que el congreso se iba a ajustar a lo que resuelva el Superior Tribunal de Justicia.
El fallo de inconstitucionalidad dictado por la Corte fueguina el miércoles 16 último, dio cuenta que la ley mencionada vulnera tres artículos rectores consagrados en la Constitución provincial; el 105 que prohíbe la sanción de leyes que impliquen privilegios; el 74 que determina que las contrataciones se efectuarán mediante un procedimiento de selección, y el 8 que fija el principio de publicidad de todos los actos de Gobierno.
Por lo que consecuente con ese fallo y atento al compromiso asumido en asamblea, el Congreso del Partido Justicialista debería haberse expedido públicamente en contra del convenio, solicitándole al Gobierno estricto cumplimiento, respecto a la inconstitucionalidad de la Ley que autorizó a la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos a concretar la venta de gas a la empresa TDFEyQ SA, con el supuesto objetivo de montar una planta de producción de metanol que se instalará en la zona norte.
El documento que fue elaborado por una comisión de congresales y aprobado por unanimidad en el Congreso Provincial que se realizado el domingo 6 en Río Grande, con el aval de 52 de los 60 miembros que conforman el cuerpo, había venido esquivando un pronunciamiento tácito de la forma que lo había efectuado el Consejo Partidario a principios de Noviembre, por lo que acotando al tema a solamente dos párrafos del extenso escrito partidario, solo había hecho mención respecto a no estar de acuerdo con la desprolijidad y falta de normas legales con que se llevó adelante el convenio, respecto a las observaciones efectuadas por los organismos de control, y expresando que su pronunciamiento se ajustaría a la resolución del Superior Tribunal de Justicia. Pero a 12 días de ese fallo, el congreso aún no tomó cartas en el asunto y el silencio se mantiene de la misma manera que lo viniera realizando durante todo el año.
Sin embargo, el pedido de los congresales que se concretaría durante esta semana iría un paso más allá, toda vez incluiría un pedido de instrucción a los legisladores del Frente para la Victoria, para que estos presentaran un proyecto pidiendo la derogación de la norma que dio vida al polémico convenio por la venta de gas hasta 2035 a un valor inicial de 1,8 dólares el millón de BTU.
