Ayer dio inicio la actividad en la Justicia, y con ello comenzaron los reclamos hacia el Poder Ejecutivo provincial debido al recorte presupuestario dispuesto del orden del 35% para el Poder Judicial y también para el Tribunal de Cuentas, aprobado a fines del año pasado por la Legislatura con la nueva ley de presupuesto.
En este marco, sendas asambleas realizaron los gremios de APOC y la UEJN para dialogar con sus afiliados y evaluar de esa manera las medidas a adoptar. Además, según se pudo saber extraoficialmente, es grande la desazón existente en todo el ámbito judicial, porque se cree que esta actitud se tomó desde el Gobierno en represalia por la posición adoptada por el TDC y el dictamen final del STJ en torno a la inconstitucionalidad de la ley 774 por la que no se pudo concretar el convenio con TDFEyQ, y no se descarta que tras algunas presentaciones se pueda llegar a declarar inconstitucional la ley de presupuesto 805 aprobada por los parlamentarios fueguinos el pasado 28 de diciembre.
En tal sentido el secretario General de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Luís Bechis, manifestó que "nos sorprende más que nada por el porcentaje, ya que es una reducción del 35% del presupuesto del Poder Judicial", y criticó además que "no es por un ahorro de la provincia, sino para pasarlo a los fondos de la caja de Gobierno, creemos que es algo que no registra antecedentes y supera cualquier análisis, por esta razón tomaremos las medidas que sean convenientes porque no solo es una cuestión salarial sino de funcionamiento e independencia del Poder Judicial y estamos dispuestos a hacer todas las presentaciones y acciones que debamos hacer".
Críticas al ParlamentoAsimismo, se refirió al Poder Legislativo reclamando que "no fue convocado nunca ni el gremio ni el Poder Judicial, a la reunión de la comisión de Presupuesto en Legislatura, para dialogar sobre las cuestiones del presupuesto presentado".
También cuestionó que "cuando la Legislatura hace leyes debe tener la previsión presupuestaria, porque se creó una Ley de Flagrancia y luego no se dieron las partidas presupuestarias para ponerla en funcionamiento, como así otras estructuras judiciales que hoy no cuentan con las partidas pero ya están en funciones como son los juzgados de familia que fueron aprobados por la Legislatura y hoy no remiten los fondos" y resaltó "creemos que esta forma de hacer política no es la conveniente en ninguna provincia y no es bueno para las instituciones, de esta manera no vamos a permitir el avasallamiento y atropello hacia un Poder, por haber tomado una determinación jurídica dentro de las normas constitucionales".
Por último señaló el dirigente gremial que "acá la independencia jurídica y económica debe existir porque es una norma y si alguien acompañó este tipo de medidas está destruyendo un poder tan importante como el Judicial".
