P
ara el Fiscal de Estado, el histórico sistema de distribución de recursos provinciales a los municipios resulta a tal punto irracional, que entiende ha ido llevando a Tierra del Fuego "a este abismo de una provincia inviable". Reclama la instauración de un nuevo mecanismo de distribución como también una más equilibrada distribución de las funciones esenciales a brindar por el Estado.En medio de la controversia mediática en la que se vieron envueltos funcionarios provinciales y de los municipios por la pretensión del Poder Ejecutivo provincial de lograr que la Legislatura afecte, en forma previa la distribución a los municipios, el 10% de los ingresos del Estado a un fondo destinado a atender las necesidades presupuestarias de los servicios de salud, educación y seguridad, la Fiscalía de Estado emitió un duro y lapidario dictamen en el que califica de "irracional" y "ruinoso" para la Provincia el actual sistema de distribución de recursos a favor de los municipios.
En opinión del doctor Virgilio Martínez de Sucre, desde la época en que Tierra del Fuego era territorio nacional "la Provincia le ha cedido recursos genuinamente propios a los municipios, ingresos que se han incrementado de manera notable con el desarrollo económico provincial", pero señala que en sentido inverso "los municipios han mantenido estanca la prestación de sus servicios puntuales, relegando el desarrollo de otras prestaciones que la Constitución Provincial y sus propias Cartas Orgánicas les exigen". Agrega que la consecuencia de ello fue que "conforme la demanda social aumenta esta responsabilidad fue asumida por la Provincia de manera exclusiva en la mayoría de sus aspectos", y que ello "es una de las causas por las cuales el Estado provincial entra en crisis en forma periódica" y lo que ha ido llevando a Tierra del Fuego "a este abismo de una provincia inviable".
A simple título ilustrativo de la realidad fueguina, indica que ningún municipio "tiene a su cargo la salud pública que consume más del 10% del presupuesto total de la provincia, ni la educación que consume más del 25%; ni de la seguridad que consume más del 7%; ni de la administración de justicia que consume más del 4%, y en cuyos ámbitos se desempeña más del 90% del total de agentes y funcionarios que perciben salarios del Estado Provincial".
Para corregir este estado de cosas sostiene que se torna "impostergable la instauración de un nuevo mecanismo de distribución de recursos como así también una más equilibrada distribución de las funciones esenciales a brindar por el estado (…) ya que la gravísima crisis por la que atraviesa la provincia requiere de remedios serios y conducentes que lleven al equilibrio y merecido bienestar de su población, y contar así con los recursos que necesita para desarrollarse con visos de seriedad y sustentabilidad".
Historia de la "pesada e indebida carga en cabeza del Estado provincial esquilmado"En el dictamen fechado el pasado miércoles 5 de mayo, el Fiscal de Estado hace un repaso histórico de cómo fue generando este proceso de "irracional", "ruinoso" y poco justificado traspaso de recurso provincia–municipios.
Para ello se remonta al año 1983, cuando el último gobernador militar de Tierra del Fuego, Raúl Suárez del Cerro, sancionó y promulgó la ley territorial 191 que determinó el régimen de distribución de los impuestos locales, la coparticipación federal y las regalías hidrocarburíferas. Señala que en "forma inusual" y en contraposición a lo que era la costumbre y legislación en la mayoría de las provincias "graciosamente le cedió el 50% de lo recaudado en concepto de impuesto inmobiliario y patente automotor a lo municipios", y precisa que eso fue a "título absolutamente de gracia real, ya que ningún servicio o carga se transfirió a ninguno de los municipios para que justificara tamaña pérdida patrimonial, y consecuente enriquecimiento sin causa por parte de los municipios".
Agrega que en 1984, ya con la democracia recuperada y con el radical Adolfo Sciurano en el Gobierno fueguino, la Legislatura territorial en la que los representantes del PJ y del MPF (partidos que gobernaban los municipios de Río Grande y Ushuaia, respectivamente) eran mayoría, aprobaron la ley orgánica de municipalidades mediante la que "en forma totalmente inesperada y sin sustento lógico, y en detrimento de la comunidad en su conjunto" se cedió a los municipios el 100% de lo recaudado por "impuestos de patentes de automotor, rodados en general e inmobiliario rural" sin imponer como contrapartida ninguna carga u obligación.
Recuerda que por aquel entonces comenzó la incesante radicación de nuevos habitantes en la Tierra del Fuego y con ello la compra masiva de automotores con el consecuente incremento de la recaudación en pago de patentes, "a la par que esa misma gente accedió a lotes fiscales o viviendas (cuya construcción y urbanización seguía siendo obligación y responsabilidad y erogación del Territorio), mientras los municipios incrementaban los inmuebles sobre los cuales se quedaron con el 100% del impuesto inmobiliario".
Siguiendo con esta reseña, precisa que ya en el año 1988 se sanciona la ley 343, que modificó el régimen de coparticipación vigente hasta ese entonces, para elevar "la coparticipación de los impuestos locales de sellos e ingresos brutos del 50 al 60% a favor de los municipios, la de la coparticipación federal del 20 al 30% y las regalías del 15 al 20%" sin establecer contraprestación ni transferencia de cargas o servicios que lo justificaran. Si bien el gobierno radical de Helios Eseverri vetó la norma, esta fue insistida por una Legislatura en la que la oposición era mayoría.
Precisa que esta zaga de reiteradas "apropiaciones" de recursos a las arcas de la Administración provincial por parte de los municipios tuvo su último capitulo en 1993. En aquel entonces la flamante provincia de Tierra del Fuego, que era gobernada por el mopofista José Estabillo, firmó un convenio con la Nación, en el se reconocían una serie de beneficios a la provincia. Entre ellos figuraban la entrega de 160 millones de bonos de consolidación más un aporte financiero transitorio equivalente al 0,312% del monto total recaudado por los gravámenes alcanzados por la ley nacional de coparticipación federal de impuestos, con vigencia hasta la sanción de un nuevo régimen de coparticipación federal. Lo que todavía no ha sucedido.
Hasta ese entonces Tierra del Fuego, recuerda el Fiscal de Estado, recibía únicamente un coeficiente de coparticipación del 0,388%, por lo que con el nuevo índice que se sumaba al histórico los ingresos de origen nacional se incrementaban en un 80%. Destaca que en ese acuerdo se establecía que se apoyo financiero transitorio no era de naturaleza coparticipable a los municipios, ya que tenía por destino dar sustento económico a la "instalación y puesta en funcionamiento de las instituciones y autoridades previstas en la Constitución Provincial" que había sido sancionada en 1991.
En ese mismo marco se indicaba que el proceso de provincialización requería "introducir modificaciones en la distribución de recursos entre poderes públicos provinciales y municipales", en virtud de lo cual los "municipios aceptaron reducir su participación en los impuestos a los ingresos brutos y sellos del 60 al 45%, y en la coparticipación federal del 30 al 25%", pero como contrapartida "impusieron a la provincia coparticiparlos" sobre el nuevo índice reconocido transitoriamente por la Nación a la Provincia. Esto, señala Martínez de Sucre, fue posible una vez más por que la oposición en su conjunto, PJ y UCR que gobernaban los municipios de Ushuaia y Río Grande, eran mayoría en el parlamento fueguino, y para poder poner en vigencia este acuerdo Nación–Provincia resultaba indispensable su ratificación legislativa.
Para dar una idea de lo que significó el pasar a coparticipar ese fondo adicional, precisa que entre 1994 y 2008 ingresaron "por ese concepto adicional" de coparticipación federal "1.492.900.311,97 que debían ser de propiedad exclusiva de la provincia y las fines pactados con la Nación, y sin embargo ella se vio constreñida a coparticiparles a los municipios el 25%". Es decir, ceca de 374 millones de pesos. Ese, afirma el Fiscal de Estado, "fue el último golpe mortal a cualquier aspiración de una provincia seria y sustentable en el tiempo".
