S
e trata del ex escribano y la abogada despedidos por Sciurano y denunciados ante la Justicia por haber promovido un acuerdo con un empresario en contra de los intereses de la gestión. Para la Justicia, tanto el Intendente como sus funcionarios sabían del acuerdo. Por disposición de la Jueza, el subsecretario Cano –uno de los denunciantes del caso– será investigado por "falso testimonio". Para hacer la denuncia, Sciurano había seguido el criterio de su asesora legal, Patricia Bertolín.Tal como se anticipaba, el pasado viernes la Justicia dictó el sobreseimiento del ex escribano José Domingo Lorenzo y a la abogada Marcela Fabiana Fontenla, ex responsable del Programa de Fiscalización y Contralor Urbano, a quienes acusaban de presunto abuso funcional o usurpación de autoridad por haber promovido un acuerdo con el empresario Carlos Raso, titular de la firma Rectificadores Fueguinos SA en contra de la voluntad del Intendente.
La denuncia había sido radicada por funcionarios del propio Municipio a instancias de Sciurano, quien además separó de sus cargos, por este motivo, a Lorenzo y a Fontenla. La jueza Barrionuevo liberó de culpas a los denunciados y mandó a investigar por presunto falso testimonio a uno de los denunciantes, el subsecretario de Servicios Públicos, Néstor Cano.
Por otra parte, del pronunciamiento de la magistrada surge que al momento de declarar como testigo en la causa, Sciurano ventiló un dato hasta ahora desconocido. Dijo que se había enterado de un presunto ofrecimiento de dinero (unos diez mil pesos) del empresario Raso a Cano, con el supuesto fin de destrabar a su favor la adjudicación del predio fiscal donde actualmente funciona el Centro Cultura Esther Fadul.
Ante ello, Barrionuevo ordenó extraer copias de las actuaciones y mandar a investigar la presunta existencia de cohecho.
"Conocían el acta"De la resolución judicial se desprende que Rectificadores Fueguinos poseía una adjudicación precaria del predio fiscal (parcelas 12 y 13 del macizo 30 sección F del Parque Industrial) otorgada por la resolución 982/87 del Ministerio de Economía de la Provincia.
Con posterioridad, el decreto municipal 329/2008, del 31 de marzo de ese año, derogó esa resolución y a través de la escritura 194, del 12 de agosto del mismo año, el Municipio tomó posesión efectiva de la parcela 13, cambiando candados y cercos y desarmando una vivienda existente en el lugar.
No obstante, el 21 de agosto se firmó un acta de "manifestación y compromiso" ante Fontenla y Raso, a través de la cual se reconoce la propiedad del Municipio sobre la parcela 13, mientras que sobre la 12 se admiten las mejoras realizadas por el empresario, y se conviene que la parte superior de la construcción será utilizada por la empresa para la realización de un nuevo proyecto productivo, y la inferior será usada por la Municipalidad (de hecho allí se instaló el centro cultural), mientras que ambas partes desisten de seguir realizando acciones administrativas.
Sciurano sostuvo que firmó ese acta desconociendo su contenido y a instancias de sus funcionarios. En este sentido, de la causa se desprende que fue la asesora Legal y Técnica, Patricia Bertolín, (además de un abogado allegado al intendente) quien le indicó meses después que, con ese acta, existía la posibilidad de que el empresario Raso se quedara con la titularidad de las tierras.
Por su parte, Fontenla y Lorenzo aducen que la situación era conocida por el intendente y sus allegados.
Por ejemplo la abogada contó que fue el propio Cano quien le llevó el expediente de Rectificadores Fueguinos a su despacho, con instrucciones de cómo proceder. Cano lo negó, pero la jueza corroboró los dichos de la letrada al verificar los movimientos del expediente mediante el sistema informático Siagef utilizado por la Municipalidad.
Barrionuevo concluyó en su pronunciamiento que el acta del 21 de agosto "era conocida directa o indirectamente por los funcionarios del área relacionada a Tierras, además de por el intendente Sciurano y entre otros por Hugo Cano".
Además, la jueza advierte que Fontenla y Lorenzo "en forma permanente tendieron a defender y preservar los intereses de la Municipalidad, dejando en claro que la propiedad de la tierra le corresponde al Municipio y no al particular, conservando la Municipalidad la facultad de extender o no el título de propiedad conforme a la normativa vigente".
"En definitiva, los dichos vertidos por los imputados Fontenla y Lorenzo no se vieron desvirtuados con las constancias colectadas en autos", sostiene la magistrada en la resolución dictada el viernes.
