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as autoridades del Ejecutivo provincial se mostraron conformes con el fallo de la Justicia sobreseyendo a los ex funcionarios municipales José Lorenzo y Marcela Fontenla, en virtud de que, además de considerar que los nombrados no cometieron delito, la jueza María Cristina Barrionuevo "sostuvo en su sentencia que la propiedad de la Municipalidad sobre el predio (pretendido por Rectificadores Fueguinos) no estuvo ni estará en peligro".
La secretaria de Gobierno de Ushuaia, Patricia Bertolín, señaló por tanto que desde el gobierno comunal se analiza la posibilidad de no apelar ante la Cámara el fallo de la doctora Barrionuevo, toda vez que "en el mismo se asegura que el predio es municipal, y esto es lo que constituía para nosotros nuestra mayor preocupación. Así que en este aspecto, la lectura del fallo es muy positiva para la Municipalidad".
La citada funcionaria capitalina recordó que el caso por el que la jueza se pronunció tuvo su origen en una denuncia del Ejecutivo de Ushuaia, "a partir de establecer que existían hechos que podían haber puesto en peligro el patrimonio de la Municipalidad".
"Concretamente, involucraba al predio del Centro Cultural Esther Fadul", precisó, para reiterar luego su satisfacción porque la jueza Barrionuevo mantuvo el espacio en disputa como patrimonio de la ciudad.

Sin intenciones de apelar el fallo

"Así que estamos analizando la sentencia", dijo, "pero no con muchas intenciones de apelar, porque la parte mas interesante de la sentencia es la que nos lleva tranquilidad sobre la titularidad de la tierra".
En cuanto a la situación judicial que se plantea con el subsecretario de Servicios Públicos, Hugo Cano, Bertolín anotó que si bien la jueza entendió "en términos un poco fuertes, que hubo algunas contradicciones que le generaron dudas sobre si podría llegar a haber mérito para iniciar una causa por falso testimonio, extrae las copias correspondientes del expediente y las manda al fiscal para que resuelva si hace requerimiento de instrucción, en función de los elementos que hay en la causa".
En cuanto al supuesto conocimiento, por parte de los funcionarios municipales, de los expedientes tramitados por Lorenzo y Fontenla, la Secretaria de Gobierno municipal admitió que "la jueza interpretó que sí lo hubo", pero anotó que fue "por presunciones e indicios", toda vez que "ninguno de los que declararon manifestaron conocer los alcances del acta; y la cláusula tan discutida y peligrosa en su momento, que era la posibilidad que el señor Raso pudiera pedir el título de propiedad".

Sin afán de perjudicar a nadie

Por otro lado, recordó que "la separación de los funcionarios (Lorenzo y Fontenla) no fue por ese motivo exclusivamente", sino que tuvo que ver con "las facultades que tiene el Intendente, que son discrecionales, y lo podía hacer sin manifestar causa alguna".
Hecha esta observación, Bertolín anotó que desde el Ejecutivo "se entendió que existía una situación irregular, y por eso se adoptó la decisión", más allá de que luego "la jueza entendiera que no existía tal peligrosidad".
Aseguró que "nunca el objetivo de la denuncia fue perjudicarlos (a los ex funcionarios), sino que simplemente fueron parte de la investigación porque eran quienes habían firmado los actos administrativos. Pero el planteo que hicimos ante la Justicia estaba destinada a que se determine si esos actos administrativos podía llegar a constituir delito".
La titular de la cartera política de Ushuaia confirmó que el intendente Sciurano, en su declaración testimonial dejó sentado que el empresario Carlos Raso le habría ofrecido a Hugo Cano depositar en una cuenta la suma de 10 mil pesos para afrontar los gastos que se generen para conseguir la titularidad de las tierras, y anotó que "se entendió (que el hecho) que podía dar lugar a un delito de acción pública y se pidió copia de eso para determinar el inicio de una investigación".