L
a Confederación General del Trabajo regional Ushuaia criticó la política implementada en materia de seguridad en la provincia, ya que se siguen sumando hechos delictivos que no se resuelven y las decisiones adoptadas por el Ejecutivo son tardías e ineficientes.
En tal sentido, desde la secretaría de asuntos sociales y económicos de la CGT Ushuaia, el licenciado Maximiliano Heredia se refirió a esta situación conflictiva que atraviesa la provincia y expresó que “el derecho a la seguridad como parte decisiva de la libertad, forma parte del repertorio de los derechos sociales. Su contracara, la inseguridad, es una falta grave al pacto social porque vivir bajo amenaza, es lo contrario al intercambio entre ciudadanos y a la paz social que debe primar en un estado de derecho”.
También observó que “esta inseguridad concretada en robos, amenazas y ataques cotidianos a los ciudadanos fueguinos y visitantes extranjeros debe ser enérgicamente combatida, pero sabemos también que existe una fuerte relación entre experimentar la amenaza de inseguridad y la vivencia de grandes sectores sociales que padecen dificultades materiales para llevar adelante una vida decorosa” y agregó que “sostener que la raíz de la delincuencia se encuentra entre los que menos tienen, nos parece un juicio errado y facilista, porque la delincuencia se convierte en epidemia cuando quienes tienen la obligación de gobernar, no honran este deber”.
Asimismo, indicó el dirigente gremial que los gobernantes no tienen sólo el derecho de gobernar, sino que tienen el más importante e ineludible deber de hacerlo y acotó “en este contexto, da la sensación de que el interés de la administración del Estado a cargo de Fabiana Ríos fuera promover la anomia y la anarquía a despecho del mandato popular”.
En este punto señaló que “quizás haya llegado la hora de que la administración Ríos comprenda que la Ley está para ser cumplida, sea ó no del gusto y paladar del ocasional gobernante y más allá ó más acá de la retribución de la señora Gobernadora”.
Además resaltó que se han escuchado toda clase de justificaciones por parte del Poder Ejecutivo en torno a esta cuestión, “pero todas ellas con el vacío altisonante como denominador común. Nadie puede sentirse seguro cuando se tiene la plena seguridad de que el Gobierno hace todo aquello que no se debe hacer, porque nadie se realiza en una comunidad que, como tal no se realiza. Y de esta frustración colectiva el Gobierno Provincial es hasta acá el primer responsable”.
Finalmente enumeró algunas acciones realizadas por la actual gestión gubernamental, que a su entender son conducentes a un entorno de inseguridad jurídica que da lugar a la inseguridad social, “una importante tolerancia hacia el consumo de drogas en franca oposición a la ley 23.737; perversión a medida de la ley 6 de contabilidad para llevar adelante la implementación del convenio chino contra viento y marea (léase organismos de control, Poder Judicial y una importante parte del pueblo de la provincia); el desfinanciamiento programado del seguro de salud más importante de la Provincia y la notable ineficiencia de gestión de los hospitales públicos; exasperante incapacidad para diseñar y proveer políticas educativas, si no óptimas al menos razonables; grave y arbitraria reducción de presupuesto de los órganos constitucionales de control como el Poder Judicial y Tribunal de Cuentas ¿Cuánto falta para que el gabinete comience a obedecer las leyes cuyo cumplimiento se comprometió a garantizar? ¿Con qué respaldo moral puede sostenerse seriamente que se combate el crimen cuando es el propio Estado el que deja de cumplir con la Ley, tanto en relación a sus administrados como a sus mismos empleados? ¿Cómo puede un Estado que se predique serio promover la radicación de grandes sectores sociales en situaciones de marginalidad y necesidad extrema sin antes generar las políticas que permitan acoger a estos grupos sin agregarles otra nueva frustración, cuyas consecuencias habrán de ser reparadas indefectiblemente en suelo fueguino?”.
