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Gabriel Ramonet - De la redacción de
el diario del Fin del Mundo
La sustancia del jury de enjuiciamiento al juez Electoral y de Registro de la Provincia, Horacio Maffei, se podría resumir en dos preguntas fundamentales.
La primera es si Maffei efectivamente ocupó en forma irregular un terreno fiscal en la zona de Almanza. La segunda, en caso de comprobarse lo anterior, si ello es motivo suficiente para destituirlo del cargo.
Hasta el momento, la jornada inaugural del proceso que se realiza por segunda vez en la historia de la provincia, demostró que las energías estarán centradas en dar respuesta a la primera de las preguntas.
Y desde esa perspectiva, el debate pareciera perder cierta importancia institucional para convertirse en un juicio ordinario donde las pruebas principales son gallinas, patos y conejos.
Es que el predio de Monte Árbol, llamado en distintos tiempos Barracuda y Un mundo de hadas y duendes, era ocupado con anterioridad por Daniel Gon, un militante del PJ que había construido allí mejoras y puesto a funcionar un criadero de animales, especialmente conejos.
Cuando Gon tuvo problemas económicos y decidió vender las mejoras, en 2006, dice que se enteró del interés de Marisa Benedetti, la esposa de Maffei, con quien constituyó una sociedad de hecho, quedándose la mujer con el 90% del emprendimiento a cambio de 40 mil pesos que pagó en cuotas.
El chaqueño criado en el campo Daniel Tapponier fue nombrado apoderado de la sociedad y presentó un pedido de propiedad de la tierra ante la Provincia que incluyó un minucioso proyecto económico basado en la crianza de animales. Pero lo cierto es que el hombre poco sabe de administración de empresas y si aceptó ese rol fue porque le garantizaba poder cuidar el predio y sus mejoras.
La férrea defensa del juez Maffei, ejercida con inteligencia por el abogado Enrique Vallejos, se desdobla en dos frentes: intentar demostrar que el magistrado estuvo ajeno a toda esa operatoria (no firmó papeles, no entregó dinero, y nunca se lo vio en el terreno) y convencer a los integrantes del Consejo de la Magistratura de que Benedetti ejerció sus plenos derechos civiles e individuales, al encabezar un proyecto sin la participación de su marido. Inclusive postula que ni siquiera la mujer llegó a tomar posesión efectiva de la tierra, ya que si bien adquirió las mejoras, el emprendimiento económico nunca se reactivó.
La estrategia parecía marchar muy bien, hasta que se reveló que Tapponier, empleado estatal en el área de Deportes, estuvo dos años adscripto en el Juzgado Electoral, cumpliendo funciones como chofer de Maffei. La explicación de que llegó a ese puesto únicamente por intersección de Benedetti, a quien conocía de la iglesia, no suena muy convincente y, por el contrario, invita a pensar que el juez, finalmente, estaba al tanto de la ocupación irregular del terreno, del emprendimiento de cría de animales, de la presentación del proyecto productivo ante el Gobierno y de la necesidad de que el cuidador del campo estuviera bien empleado.
Pero mientras todavía resuenan las preguntas solemnes del fiscal y de los consejeros, acerca del paradero de los conejos dejados por Gon tras la venta de las mejoras, la superficie del gallinero y el precio del kilo vivo en los emprendimientos de cunicultura, se presenta como más interesante pasar al segundo y verdadero dilema de este proceso de enjuiciamiento.
Supongamos que se demostrara que Maffei efectivamente estaba al tanto, y que incluso participó de alguna forma de la ocupación de la tierra fiscal en Almanza. ¿Constituye ello un motivo de destitución?
Una pregunta que continúa a la anterior sería si nos encontramos ante un hecho de la vida privada del magistrado, ajeno a sus funciones como juez, o por el contrario estamos ante una circunstancia que lesiona su necesaria conducta pública, aquella que se condice con la máxima de que los jueces no sólo deben serlo, sino también parecerlo.
Al respecto, basta recordar que el juez federal Norberto Oyarbide se hizo famoso por el video que lo mostraba dentro del sauna Spartakus, en la década del 90, y sin embargo ello no le valió la destitución.
El juez Electoral fueguino no está acusado por irregularidades vinculadas a su labor jurisdiccional, sino por un episodio eminentemente ajeno a su juzgado.
La situación se complica aún más por contexto judicial. En Tierra del Fuego, los jueces del Superior Tribunal de Justicia podrían estar incursos en la misma falta por la que acaban de suspender por juicio político al vocal del Tribunal de Cuentas Claudio Ricciutti. Es la misma provincia donde una jueza de Cámara se copió un fallo casi íntegramente y no fue destituida, y donde la gran mayoría de magistrados de la máxima jerarquía aceptaron mansamente jubilarse por una norma que violaba de Ushuaia a Alaska el principio constitucional de la inamovilidad de los jueces.
En esta isla, hay magistrados que se desafilian del IPAUSS para tener OSDE, pero ni locos renunciarían a la jubilación estatal. Y cobran el ítem antigüedad desde que se recibieron de abogados, no desde que ingresaron al cargo que ostentan.
El Consejo de la Magistratura que elige jueces con reglas arbitrarias, sin exámenes puntuados por jurados técnicos ni voto fundado de sus miembros, se apresta a aplicar su criterio subjetivo para resolver un dilema ético derivado de la conducta de un juez.
Como se ve, estas discusiones parecen más atrayentes que los conejos perdidos de la familia Gon.
