E
l Poder Ejecutivo informó que el precio de venta fijado para el gas de regalías surgió de “equilibrar intereses entre ambas partes”, y que contempló “el precio que podría pagar un consumidor industrial por un contrato a largo plazo para generar valor agregado y que la inversión comprometida sea sustentable”, lo que a todas luces implica que entre la gestión Ríos y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química se preacordaron, por lo menos, algunos de los requisitos que debían cumplir los interesados en participar del proceso de oferta pública lanzado por el Poder Ejecutivo a fines de marzo de este año.
Este reconocimiento vuelve a plantear dudas sobre la transparencia del proceso, ya que estaría indicando que podría haber existido un direccionamiento apuntado a contemplar las necesidades particulares de un potencial oferente, y porque no favorecerlo abiertamente respecto de otras posibles ofertas, que en la práctica no se presentaron.
De todas maneras esta cuestión no parece constituir irregularidad alguna, por cuanto el mecanismo de fijación del valor del gas a vender por la provincia no fue motivo de objeción alguna por parte del Tribunal de Cuentas.
El 26 de marzo de este año, la Gobernadora firmó el decreto 760 mediante el que dispuso “crear el Registro Público de Empresas Industrializadoras de Hidrocarburos, cuya organización y custodia estará a cargo de la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia”. En el considerando de la norma se mencionaba que ese Registro tenía por finalidad “inscribir y receptar las ofertas que realicen las empresas interesadas en industrializarlos”. Se destacaba además que “el procedimiento especial para la venta de hidrocarburos por parte de la Provincia” autorizado por la modificación a la ley de contabilidad que fuera aprobada por la Legislatura, como parte de la ley de presupuesto 2010, permitía “que resulten comparables los proyectos que involucren la industrialización de hidrocarburos, junto con el eventual precio que pagarían los interesados por el hidrocarburo, única forma de incorporar un procedimiento de selección dada la intangibilidad del derecho a percibir regalías en especie”.
El decreto en cuestión fue publicado en el Boletín Oficial del 7 de abril. Dos días después, la Secretario de Hidrocarburos firmó la Resolución 36/10, mediante la que llamó a las empresas interesadas a “formular ofertas de industrialización de gas natural en la provincia” y se fijaron las “condiciones particulares” que “los oferentes” debían cumplir para “la presentación de proyectos”.
En el punto 7 del anexo II de esa resolución se determinaba que “el precio ofertado del gas a entregar por la Provincia no podrá ser inferior a la base promedio de gas para el cálculo de regalías que publica mensualmente secretaría de hidrocarburos, con más un porcentaje ofertado que no podrá ser inferior al 20%”. En tanto, en el punto 8 se determinaba que el valor de referencia del gas de regalías era de 1,50 dólares por millón de BTU (MMBTU)
En base a esta información se podía suponer que el valor de 1,50 dólares por MMBTU había surgido de la “base promedio para el cálculo de regalías” correspondiente al primer trimestre del año, que de acuerdo a los datos suministrados a fines de abril por el Director Técnico y Control de Regalías había sido de 1,50 dólares por MMBTU. (1,52 dólares en enero, 1,44 en febrero y 1,55 en marzo).
Pero el pasado jueves 23 de septiembre, un día después de que la Gobernadora y representantes de la empresa firmaran el convenio de venta de gas, desde el Poder Ejecutivo se difundió una gacetilla de prensa en la que, bajo el título “claves del convenio con Tierra del Fuego Energía y Química S.A.”.
En el punto 3 de esa gacetilla, el Ejecutivo responde a la pregunta “¿Por qué el precio de venta del gas es de 1,80 u$s/MMBTU?” en los siguientes términos: “Se trata de un precio referencial de base para el primer año de producción, sujeto a reajustes anuales. Surge de equilibrar intereses de ambas partes. Es superior al precio base que hoy percibe la Provincia por el cobro de regalías, y contempla el precio que podría pagar un consumidor industrial por un contrato a largo plazo para generar valor agregado y que la inversión comprometida sea sustentable”.
Resulta evidente entonces que el valor de referencia para la venta de gas de regalías no surgió en cuestión de la “base promedio para el cálculo de regalías” relevado por el Director Técnico y Control de Regalías de la Secretaría de Hidrocarburos, sino de una negociación entre esa Secretaría y TFEQ, al momento de redactar el pliego de condiciones que debían cumplir las empresas interesadas en presentar ofertas para la compra e industrialización de gas.
Este preacuerdo, reconocido por el propio Ejecutivo, da por tierra también con el argumento esgrimido por la Gobernadora en el decreto 760, en cuanto que el procedimiento elegido permitía que “que resulten comparables los proyectos que involucren la industrialización de hidrocarburos, junto con el eventual precio que pagarían los interesados por el hidrocarburo, única forma de incorporar un procedimiento de selección dada la intangibilidad del derecho a percibir regalías en especie”, ello por cuanto “el eventual precio que pagarían los interesados por el hidrocarburo” había sido concertado previamente entre el Ejecutivo y la única empresa que se mostró interesada en presentar oferta.
