E
l Tribunal de Cuentas solicitaría hoy que el Poder Ejecutivo le remita copia del contrato de suministro de gas de regalías con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química, para poder analizar los términos de los compromisos que asume el estado fueguino en el convenio que fuera rubricado por la Gobernadora el pasado 22 de septiembre.
Luego de que este medio difundiera las observaciones que la Fiscalía de Estado formuló sobre el contrato en nota remitida, y que ese instrumento legal no había sido objeto de cuestionamientos por parte del Tribunal de Cuentas, desde ese órgano de control se dejó trascender que el convenio en cuestión nunca había sido objeto de evaluación alguna por su parte, por cuanto aquel se rubricó a posterior de su intervención en el tema, y porque entre la documentación que le remitiera el Ejecutivo sobre el proceso de selección de ofertas no se contaba con borrador alguno del contrato de venta de gas, instrumento este que tampoco fue reclamado en ese momento por el único órgano de control de la provincia que intervino en el análisis de las actuaciones, aunque ahora se sabe sólo de manera parcial.
Cuando EDFM difundió la intervención de oficio de Fiscalía habían transcurrido 23 días desde que el Tribunal de Cuentas diera “por aprobado el proyecto” de inversión presentado por TFEQ. Recién entonces los vocales de ese órgano de control repararon en que desconocían los términos del contrato en el que se establecen las obligaciones que asumen Estado y empresa para que el proyecto de inversión se concrete.
La administración Ríos había remitido el 13 de septiembre al Tribunal el expediente relacionado con este proceso de contratación con TFEQ. Nueves días después, el martes 21, el secretario de Hidrocarburos anunciaba públicamente que el Tribunal de Cuentas había aprobado el proyecto de inversión presentado por la empresa -única oferente en el proceso lanzado por el Gobierno-, y que únicamente se habían formulado “dos recomendaciones sobre alguna documentación que había que presentar, pero que no es fundamental sino complementaria de la ya presentada y que cumplía con los requisitos que exigía el Tribunal”, lo que aseguró “no modifica para nada la resolución plenaria (del Tribunal) que dio por aprobado el proyecto”.
Con ese visto bueno en la mano, el miércoles 22 del mes pasado el Poder Ejecutivo firmó con la empresa el contrato de suministro de gas para industrialización por 25 años.
El martes 5 de octubre, el Ejecutivo dictó el decreto ratificatorio del contrato, y lo elevó a la Legislatura con copia del contrato para que el Parlamento proceda a validarlo. En la sesión ordinaria del jueves 7 el asuntó tomó estado parlamentario y fue girado para su estudio a la comisión de Legislación General.
El jueves 11, y cuando el tema aún no había comenzado a ser analizado por los Legisladores, la Fiscalía de Estado remitió una nota al Parlamento planteando observaciones de pesos al contrato con TFEQ. En el escrito se pone de relieve que a ese órgano de control el Ejecutivo no le dio intervención alguna en el análisis del proceso de selección ni del contrato.
En esa misma jornada, el vicepresidente de la Comisión de Legislación General –
Osvaldo López (ARI)- convocó, para mañana martes, al Fiscal de Estado a una reunión de comisión y requirió al Ejecutivo el envió del expediente de la contratación.
A esta petición se sumaría ahora la del Tribunal de Cuentas.
La falta de intervención de la Fiscalía y el retaceo de información al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura parecen una reiteración de lo vivido hace una año atrás cuando se pretendió concretar esta contratación, pero de manera directa.
