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ldquo;Por error, por omisión o porque se esconden movimientos de fondos a propósito para la perpetración de ilícitos, la cuenta general del ejercicio 2009 de la Dirección Provincial de Vialidad, no representa razonablemente la realidad”. Así lo afirmó un profesional del Tribunal de Cuentas a EDFM, a pesar que el vocal Luis Caballero respondiera a este medio a principio de octubre, desconocer alguna anormalidad en la contabilidad del pasado año de esa Dirección, con asiento en Río Grande.
El profesional asegura, que posterior a una auditoría integral que se llevó a cabo a partir de una denuncia de los trabajadores viales y de una ingeniera de esa Dirección, fue rechazada la rendición de cuentas, debido a que “existen operaciones económicas que no sido informadas debidamente”.
En concreto, la fuente indicó que de la documentación analizada en Vialidad, no se pudo verificar contablemente una serie de gastos y que la Contaduría General de la Provincia los infló. Puntualmente sostiene que “la Contaduría General indica que DPV gastó 15 millones” cuando para el mismo año, la propia Dirección “dice que gastó 13 millones”.
El mes pasado, Chekhendemian dijo desconocer la existencia de las diferencias numéricas -entre lo que el organismo a su cargo informó y la Contaduría había remitido al Tribunal-, sobre los ingresos y egresos de esa Dirección. En tanto que ayer aceptó que a partir de las consultas realizadas por este medio, el Contador de Vialidad está trabajando con el área que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, para verificar lo que los auditores informaron a las autoridades del TC.
“Fui al Tribunal, donde me dieron el informe del auditor para ver de qué se trataba y ya estamos trabajando”, admitió el titular de Vialidad, negando haber recibido advertencia formal del organismo de contralor de los actos del Estado.
Personal de Ushuaia como de Río Grande del propio Tribunal, indicaron que, cuando a mitad de año se estaba realizando la auditoría, el Vocal Miguel Longhitano, por entonces Presidente del organismo de control, llamó para ordenarles que no siguieran “pidiendo papeles” y que “den por terminado con esa auditoría”.
De acuerdo a la documentación aportada por el profesional a EDFM, el organismo entregó la documentación requerida para el control con casi dos meses de atraso, lo que significa que ello estuvo fuera de los plazos exigidos por las normas legales.
“Debían entregarlo el ultimo día de marzo y lo remitieron en junio, lo que le cabría a los funcionarios una multa o una advertencia de parte del Tribunal”, indicó.
Lo cierto es que después de una entrevista que mantuvo este medio con el Presidente de la DPV, Gerardo Chekhendemian a los que se les sucedieron varios diálogos telefónicos posteriores, el Tribunal únicamente solicitó vía notificación, presentar documentación complementaria del presente ejercicio, “pero no respecto al año 2009”, informó propio Funcionario.
“La documentación era incompleta e inconsistente”, por lo tanto como no se pudo establecer su veracidad, los auditores –dicen-, optaron por “abstenerse”. Durante gran parte del ejercicio 2009 las órdenes de pago fueron firmadas directamente por el Presidente o el Vice, “lo cual está prohibido, justamente porque lo que establecen las normas, es que en el circuito de pagos debe participar Directores o Jefes”, en referencia al personal de planta permanente; bajo la concepción “que los funcionarios pasan y las instituciones con sus empleados, quedan”, detalló la fuente.
El aparente desinterés sobre el informe de los auditores por parte del abogado Miguel Longhitano y del Contador Luis Caballero, parecería quedar demostrado ante la inexistencia de un reclamo formal para que Vialidad cumpla plenamente con la remisión de la documentación del pasado ejercicio, y de esta manera poseer todos los elementos que les permita un dictamen definitivo, o en su defecto apercibir a los responsables de la Dirección de Vialidad, ya que de acuerdo al propio Chekhendemian, el Tribunal nunca le hizo saber de esa situación.
Los duros cuestionamientos formulados este lunes por el doctor Demetrio Martinelli, ante la Sala Acusadora de la Legislatura, a raíz del Juicio Político que se le sigue al vocal del Tribunal de Cuentas Claudio Ricciuti, argumentando que las imputaciones sustentadas contra su defendido constituyen una represalia por las observaciones formuladas por el contador al “convenio chino” I, como parte de una estrategia elaborada por el Ejecutivo no solo para enfrentar a los legisladores de la Sala Juzgadora con los de Sala Acusadora, sino además para allanar el camino para que la gestión Ríos avance en sus decisiones sin un control adecuado, toman mayor fuerza a partir del silencio que vienen sosteniendo los vocales, quienes tampoco mostraron interés por conocer el texto del segundo convenio firmado por el Gobierno con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química SA, por la venta de gas de regalías, sobre el cual el Fiscal de Estado expuso una serie de advertencias en resguardo de los intereses de la Provincia.
