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a jueza penal María Cristina Barrionuevo está indagando desde la semana pasada a los diecisiete policías del Servicio Penitenciario Provincial que habrían cometido apremios ilegales o torturas luego de sofocar un motín en la Alcaidía de Ushuaia, el pasado 25 de agosto.
Como consecuencia del accionar policial que fue denunciado de inmediato por los familiares de los internos y hasta por autoridades del propio Poder Judicial, resultaron con lesiones de distinto carácter un total de veinticuatro reclusos.
Fuentes judiciales revelaron a EDFM que hasta el momento los policías que prestaron declaración indagatoria optaron por negar cualquier tipo de exceso en su accionar.
Sin embargo, las fuentes precisaron que, a diferencia de otros hechos similares, en este caso existiría prueba abundante, en virtud de los numerosos testigos que dijeron haber visto el modo en que se desarrollaron los acontecimientos.
Pese al cuadro probatorio en contra de los uniformados, y de la amplia repercusión pública que tuvo el caso en los días posteriores al motín, el Gobierno sigue sin disponer apartamientos ni siquiera de los responsables jerárquicos del operativo.
De hecho, en una de las pocas declaraciones oficiales acerca de lo ocurrido, el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, había respaldado el accionar de los agentes penitenciarios.
La investigación
Según la hipótesis de lo sucedido con la que trabaja la Justicia, los disturbios se desencadenaron cerca de las 8 de la mañana, cuando cinco uniformados ingresaron al Pabellón 1 de la Alcaidía, ubicada en la esquina de Deloqui y Lasserre, para trasladar al interno Luis Alberto Coñocar a la Unidad de Detención de Río Grande.
En ese momento, varios presos salieron de sus celdas y comenzaron a interrogar a la policía o a cuestionar la medida, lo que originó una discusión cuya intensidad fue creciendo con el transcurrir de los minutos.
Después, un grupo de agentes penitenciarios intentó ingresar nuevamente al pabellón y los detenidos se lo impidieron, al mismo tiempo que colocaron en ambas puertas de ingreso al lugar, distintos elementos como mesas, camas y todo tipo de mobiliario.
En ese momento el ambiente comenzó a cargarse de humo, producto de la quema de algunos de esos elementos, a la vez que se escucharon los primeros disparos de balas de goma.
El personal policial logró ingresar al pabellón sin dejar de efectuar disparos, mientras los bomberos tiraban gran cantidad de agua desde el exterior y los internos, ya acorralados, se replegaron al interior de las celdas.
De acuerdo a los investigadores, en ese punto “los incidentes podían considerarse finalizados” ya que la Policía retomó el control del edificio.
No obstante, los funcionarios penitenciarios habrían continuado “efectuando disparos con munición de goma, y algunos de ellos impactaron en el cuerpo y en el rostro de los internos”, según se desprende del requerimiento fiscal de la causa 20.029.
Siempre de acuerdo a esta hipótesis, los presos habrían sido obligados a “arrastrarse por el piso mojado, a la vez que los golpeaban en la cabeza, en la espalda y en el resto del cuerpo”.
Después los separaron en dos grupos, uno de 14 internos y otro de 10. El primero fue llevado a una sala en el mismo piso, y el segundo a la planta baja de la Alcaidía.
Allí, alguien habría dado la orden común de colocar a los internos boca abajo en el piso, donde “les ataron las manos con precintos, les quitaron el calzado, les taparon la cabeza con mantas, les arrojaron agua fría y comenzaron a golpearlos con palos, especialmente en la planta de los pies, talones y tobillos”, mientras “un oficial los invitaba a pelear”.
Algunos de los presos denunciaron haber sido rociados con gas pimientas en el rostro, y otros, haber sido orinados en la cabeza por uno de los uniformados.
Según investiga la Justicia, el castigo se extendió hasta pasado el mediodía en que comenzaron a llegar al lugar funcionarios del Gobierno y de la propia Justicia, como el jefe de defensores públicos, Gustavo Ariznabarreta, quien luego declaró que jamás había visto una situación semejante.
