E
l juez de instrucción Javier de Gamas Soler dictó la falta de mérito del empresario Antonio Celentano en la causa penal donde se investiga una presunta sobrefacturación de 43,5 millones de pesos en mercadería para comedores escolares y artículos de limpieza para las escuelas, confirmaron fuentes judiciales.
La medida que tiene fecha del 18 de febrero pero trascendió ayer no implica desvinculación del expediente, sino que se trata de una instancia intermedia hasta tanto el magistrado cuente con los elementos suficientes como para procesar o sobreseer al empresario.
Según trascendió, al momento de ser indagado, la defensa de Celentano presentó varias cajas con documentación original (entre ellas remitos y facturas originales) que deben ser analizados por los investigadores.
Con esos papeles, el empresario busca demostrar que la mercadería adquirida por el Estado entre los años 2005 y 2007 (durante la gestión de los ex gobernadores Jorge Colazo y Hugo Cóccaro) fue efectivamente entregada en los distintos establecimientos escolares y recibida por una persona responsable.
Esa circunstancia fue puesta en duda por los funcionarios de la actual gestión gubernamental que presentaron la denuncia para que se investigue el caso en septiembre de 2008.
Un caso complejo
Las presuntas irregularidades quedaron a la vista luego de que las autoridades modificaron el sistema de compra de mercadería a través de un trabajo realizado por la Subsecretaría de Compras y Contrataciones, de donde se desprendió que con mucho menos dinero que antes se abastecía a la totalidad de los colegios, aún sin tener en cuenta el efecto inflacionario sobre los precios originales.
De todos modos, las fuentes consultadas señalaron que el caso es complejo, porque aún si se demostrara un gasto excesivo en mercadería, si los productos efectivamente se entregaron, la posibilidad de una defraudación resultaría remota de comprobar.
“Si parte de los productos no llegaban a los alumnos, se los llevaba alguien o se daban dobles o triples raciones de alimentos, no sería algo imputable al proveedor”, indicó la fuente, aunque advirtió que aún falta comprobar la veracidad de los documentos presentados en el expediente que ya acumula 20 cuerpos y más de 500 declaraciones testimoniales.
En números
Cuando el gobierno hizo pública la denuncia contra Celentano, argumentó que en 2007 el Estado pagaba por una ración de comida $7,21, mientras que en 2008, con inflación incluida, la provincia pagaba $5,25 por el mismo servicio.
Además, reveló que en 2007 se pagaban 9.000 menúes por día, en tanto que en 2008 (con el crecimiento de la matrícula incluido) se pagaban 2.000 menúes diarios y se abastecía a la totalidad de la población educativa demandante de este servicio.
Las actuales autoridades estimaron el perjuicio de esta operatoria en $43.545.220, discriminados en $32.557.556 por comedores escolares, $ 7.103.946 por copa de leche y $ 3.843.718 por artículos de limpieza.
El Gobierno también denunció que “en muchos de los casos se constató que las contrataciones con la empresa Celentano se realizaban en forma directa, sin licitación ni concursos de precios” y que “existen casos insólitos de expedientes iniciados, tramitados y pagados al proveedor en el lapso de 24 horas”.
A raíz de estas circunstancias, la gestión actual cambió las reglas de contratación, para que el Estado compre efectivamente los elementos que consume, y no “por cápita”, es decir por raciones de comida o por kit de elementos de limpieza, y también pasó a un sistema de licitaciones “por renglón”.
Según las autoridades, todo ello produjo un ahorro de 20,5 millones de pesos en comedores escolares y copa de leche durante 2008, y de 7 millones en artículos de limpieza.
