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as autoridades del Ministerio de Salud ponderaron los beneficios registrados en estos tres años por la decisión del Gobierno provincial –vía decreto 616, del 18 de abril de 2008– de desarancelar la atención en los hospitales públicos de Tierra del Fuego, medida que tuvo como objetivo central “el mejoramiento del estado de salud de la población”.
Cabe destacar que la decisión de la actual gestión fue adoptada en virtud de que “nuestra Constitución Provincial establece la tutela efectiva y oportuna de los derechos fundamentales, los que son inalienables e indisponibles y respecto de los cuales la Administración tiene el deber y la obligación de garantizar”, según se subraya en los considerandos del mencionado decreto.
Desde la gestión Ríos se sostuvo que para conseguir ese objetivo fue que se definió “la necesidad de mejorar la accesibilidad de toda la población a los efectores de salud de la Provincia, resultando necesario en este marco avanzar hacia un modelo de Estado que brinde servicios universales con principios de equidad, en base a un financiamiento sostenido por un sistema justo y solidario de tributación”.
Se consideró que “el cobro directo en centros públicos de salud, genera una barrera concreta que desalienta la demanda de atención en particular a las poblaciones más vulnerables”, toda vez que “el sostenimiento del arancelamiento hospitalario se realiza a través de evaluaciones de capacidad de pago que vulneran la dignidad de la persona al imponer como condición de acceso a la atención gratuita `la acreditación del estado de pobreza’”.
Un hito
“Es realmente un hito, y un hecho muy significativo para la Provincia y para esta gestión, el haber podido remover la barrera económica, y garantizar desde el Estado la atención de la salud, como lo marca la Constitución”, expresó al respecto la ministra de Salud, María Grieco. La funcionaria recordó que “ésta fue una de las principales promesas de campaña, por parte de la gobernadora Fabiana Ríos; y una de las misiones fundamentales que nos encomendó a quienes ocupamos el gabinete de Salud, que se concretó a poco de su asunción”.
“Por eso es que en cuanto fuimos designados comenzamos a valorar esta posibilidad, y a analizar cuáles serían los instrumentos para poder poner en práctica la gratuidad de la atención en los hospitales, y las reformas que había que hacer en los circuitos administrativos”, dijo, para anotar que “realmente se hizo un análisis profundo para ver el alcance que tendría una medida de este tipo”.
“Insignificante impacto económico”
La doctora Grieco precisó que después de dicho análisis pudieron determinar que la implementación de la gratuidad en los hospitales “representaba un monto de 40 mil pesos mensuales para cada hospital, cifra que se recaudaba por caja a través del cobro directo a las personas”.
Consideró por tanto que “si un hospital se maneja con alrededor de 6 millones de pesos anuales, sin contar la masa salarial de los trabajadores que ronda las 800 personas, evidentemente lo que se recauda por caja del cobro de bolsillo a los pacientes es un monto absolutamente ínfimo, que no afecta en absoluto el desenvolvimiento de estos establecimientos de salud; pero sí constituía una barrera económica, y de inequidad importante, para los ciudadanos, atentando contra su derecho de acceso a la salud establecido en la Constitución Provincial”.
La titular de Salud aclaró que “eliminar el cobro de bolsillo a las personas de ninguna manera quiere decir que la salud no tenga costos”, puesto que “estos son altos y van en aumento por el avance tecnológico y los intereses del mercado; pero esto no debe ser afrontado por el bolsillo del ciudadano que atraviesa una situación de enfermedad. Para eso paga impuestos y aporta a la seguridad social”.
“Los altos costos de la salud deben ser absorbidos responsablemente por los financiadores de la salud, como las obras sociales y prepagos, y el Estado aportar por los que no tienen esa cobertura”, sostuvo la Ministra, quien anotó que “en Tierra del Fuego aproximadamente dos tercios de las personas que se atienden en los hospitales y centros de salud tienen obra social”.
De dicho porcentaje, dijo, “la mitad corresponden al IPAUSS, y sólo alrededor de un 30 a 35% no tiene cobertura de ninguna obra social, siendo éste uno de los valores más bajos del país, que indica de alguna manera a la buena inclusión social y laboral que tiene la provincia”.
Resistencias infundadas
La doctora Grieco recordó que cuando se anunció la medida enunciada “increíblemente generó resistencias de parte de ciertos sectores de la población, incluso de los sindicatos; porque temían que pudiera impactar en forma negativa en la estabilidad financiera de los hospitales; además del aberrante pedido que nos han formulado en varias negociaciones salariales de destinar esos ingresos a salarios”.
“Pero el tema fue explicado varias veces, y luego quedó demostrado que la medida no sólo no fue perjudicial sino que permitió que mucha gente evite tener que pasar por un filtro de trámites y evaluaciones de su condición económica que nada tiene que ver con la salud, como paso previo a su atención”, destacó.
La Ministra del área sostuvo que “en una sociedad justa y solidaria, las diferencias tienen que darse en el diferente pago de los impuestos, por lo que es en esa instancia donde debe quedar grabada la responsabilidad del ciudadano en función de sus ganancias; pero no en el campo de la salud o de la educación, en los que debemos garantizar la igualdad de oportunidades”.
“Con esta lógica es que, simultáneamente, el Gobierno impulsaba en esa oportunidad una muy necesaria reforma tributaria en la provincia, conocida como Tarifaria, que todos sabemos el curso que siguió”, señaló.
Grieco aseveró que “los mejores y más equitativos sistemas de salud en el mundo son desarancelados, como sucede en Canadá, Gran Bretaña, Francia, Cuba y Brasil”, para agregar que incluso “hay países de avanzada que tienen sistemas únicos de salud; en contraste, por ejemplo, con Estados Unidos, la mayoría de los países de Sudamérica, y en Argentina, donde la brecha que existe en el acceso y la calidad de atención, en función de la situación económica del paciente, llega a límites poco éticos”.
