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l pasado 2 de mayo, los miembros del Superior Tribunal dictaron sentencia definitiva sobre la presentación de un grupo de empleados de la Dirección Provincial de Energía que cuestionaron la constitucionalidad del artículo 20 de la Ley Provincial 805, que aplica el tope salarial previsto en nuestra Constitución a través del artículo 73, inciso 4, para los tres poderes del Estado. El fundamento de los empleados, consentido por el STJ, fue la existencia de una afectación a su derecho a la propiedad, retribución justa y afectación de derechos adquiridos.
En su sentencia, las cabezas del Poder Judicial de Tierra del Fuego sostienen que no es aplicable el tope salarial para este grupo de agentes de la administración pública. En tanto que para el Poder Ejecutivo, el fallo violenta el orden Constitucional, puesto que en definitiva se dejó de lado una norma constitucional, que refleja una pauta de racionalización del gasto público con pautas de equidad.
De tal manera, y a partir de esta solicitud del Ejecutivo, el Superior Tribunal deberá expedirse sobre la admisibilidad del Recurso Extraordinario. Caso contrario, el Poder Ejecutivo prometió recurrir ante el máximo tribunal nacional en queja, al mismo tiempo que cuestionará cada una de las resoluciones dictadas por la Corte fueguina que para la gestión Ríos, pone en riesgo la norma constitucional que establece el suelo de la gobernadora como tope salarial para los tres poderes.
Los fundamentos que utilizó el STJ para establecer la indeterminación del sueldo de la Gobernadora se fundaron en el supuesto vacío normativo respecto a la conformación del sueldo de la mandataria, argumentos que para el Ejecutivo transformará a la sentencia en un vicio de legalidad por dejar de lado normas para su interpretación.
En definitiva, para el Ejecutivo la sentencia implica una situación de gravedad institucional manifiesta que exige la intervención del Máximo Tribunal a fin de “mantener en nuestro sistema jurídico provincial la norma que viene a implementar el artículo 73 inciso 4 de la Constitución Provincial, salvaguardando de este modo el tope salarial allí establecido. Su avasallamiento, conlleva a subvertir la supremacía del diseño constitucional provincial, violentando principios de equidad, razonabilidad, legalidad, eficiencia, racionalidad del gasto público, que hacen a la política salarial del Estado”, tal como se afirma en la presentación del miércoles, para lograr la intervención de la Corte Federal.

El senador Martínez le pidió a Ríos intervenir en la sentencia de tope salarial del STJ El senador José Carlos Martínez presentó por mesa de entrada una nota dirigida a la gobernadora Fabiana Ríos solicitándole su intervención, luego de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia habilitando el cobro de haberes superiores al de la Primera Mandataria Provincial. Según Martínez, dicha sentencia “prácticamente evade, de forma absolutamente irregular, la aplicación del artículo 73 inc.4) de la Constitución Provincial, con el evidente objetivo de poder percibir remuneraciones más altas” que las que percibe la Gobernadora. En la nota, el Senador califica de “inaceptable” y de “verdadero abuso de poder” a quienes, “para poder mantener privilegios (…) lastima la institución judicial afectando su credibilidad ante la sociedad en su conjunto, que observa atónita como quienes deben impartir justicia se ponen ellos mismos por fuera de la Ley y la Constitución Provincial”. En consecuencia, Martínez le solicitó a Fabiana Ríos que “en cumplimiento de sus atribuciones, instruya al representante judicial del Estado Provincial a que interponga los recursos que correspondan para evitar que esos fallos queden firmes”.

Gorbacz sostuvo que “el Superior Tribunal está dando un ejemplo nefasto” El ex diputado nacional y asesor de la Jefatura de Gabinete de la Nación Leonardo Gorbacz consideró que “los fallos del Superior Tribunal son un mamarracho total y absoluto, retuercen la Constitución hasta hacerle decir lo que a ellos les conviene para seguir cobrando sueldos de reyes”. Gorbacz manifestó preocupación “por el efecto social que éste tipo de conductas tiene en el conjunto social. Cuando desde la cúspide del poder se incumple la ley para mantener privilegios, el peor de los efectos es que el conjunto social pierde confianza en las normas y en las instituciones” y agregó que “esa es una de las causas más grandes de la inseguridad”. “¿Cómo convencemos a los ciudadanos de que cumplan la ley si los jueces no la cumplen?”, se preguntó el ex parlamentario. Por lo que sostuvo que “el Superior Tribunal está dando un ejemplo nefasto”. “En Tierra del Fuego parece que lo que sienta jurisprudencia es el privilegio, porque mientras la Constitución y las leyes buscan garantizarles derechos a los ciudadanos, la interpretación que hacen los jueces sirve para mantener sus propios intereses”, sostuvo. “Ante una situación donde se corporativiza la política y se corporativiza la justicia para sostener injusticias de este tipo, lo único que pone un límite es la participación popular y la profundización democrática”, sentenció.