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esde el 22 de junio pasado, tramita en el Distrito Judicial Sur de Tierra del Fuego una Denuncia Penal contra la hoy diputada nacional María Adela Calchaquí, por presunta adulteración de documentación, presentada por la Subsecretaría del Gobierno de la Provincia. Después de una investigación de 60 días, las autoridades de esa área estatal encontraron pruebas suficientes que incriminan a la hoy parlamentaria, en la posible maniobra de haber fraguado una constancia en trámite de título secundario, para hacerse acreedora de un ítem salarial que a la fecha ronda los 600 pesos.
El hecho que se investiga se originó el 15 de abril del presente año, cuando el conductor radial de Río Grande Carlos Roberto Muzón denunció a la agente categoría 23 Calchaquí María Adela –desde el 10 de diciembre de 2007 en usufructo de licencia sin goce de haberes–, indicando que la misma percibe el adicional por título secundario –ítem 43–, sin haber terminado el ciclo secundario correspondiente.
“Verificado en el legajo personal de la agente, se observó que obra en el mismo, una copia fiel de “Constancia de Título Secundario en Trámite”, presuntamente extendida por el Colegio Jerónimo Luis de Cabrera de la ciudad de Córdoba; en tanto que en la “ficha de Postulante” suscrito al ingresar a esta Administración, la citada hizo constar en el ítem Estudios Cursados –primarios–secundarios–terciarios: “Bachiller Ciclo Básico; Secundario Perito Mercantil””, refiere la denuncia. La que a párrafo seguido además indica, que “en fecha 09 de mayo del corriente año”, posterior a conocerse a través de este medio la sospecha de Muzón, Calchaquí remitió una nota en la cual expresó: “consigno que no poseo título secundario completo, no obstante he finalizado mis estudios universitarios”.
Por ello, y como conclusión de las probanzas colectadas, las autoridades de la Subsecretaría de Recursos Humanos, expresaron en sede judicial, que María Adela Calchaquí, “no egresó del Colegio Jerónimo Luis de Cabrera de la ciudad de Córdoba”; que “no posee título de nivel de estudios secundarios”; y que “entre el mes de marzo de 1990 y diciembre de 2007 percibió incorrectamente el ítem 43 (Título Secundario)”. Hechos que los lleva a afirmar que “esta situación crea un estado fundado de sospecha sobre la “Constancia de Certificado de Estudios”, obrante en su legajo personal y la conducta de la agente, pudiendo encontrarse ante la presencia de un delito de acción pública”.
Las imputaciones del área de referencia, son coincidentes con el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica Nº 179/11, cuyo instructor recomendó efectuar “la denuncia” tras concluir que se encontraba ante “la posible falsedad del documento presentado por Calchaquí, así como de una maniobra fraudulenta contra la Administración Pública”.
