E
l juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, emitió anoche una resolución “aclaratoria” donde afirma que la actual legisladora provincial Elida Deheza “se encuentra habilitada como precandidata a diputada nacional, sin ningún tipo de restricción, condicionamiento o limitación, pudiendo intervenir tanto en el proceso de primarias como en el posterior de elecciones generales”.
El magistrado dictó la medida tras la polémica que desató ayer el contenido de una disposición anterior, de fecha 7 de julio, que oficializó la candidatura de Deheza pero “aclarando que la misma puede ser modificada de existir una resolución negativa en el caso de no aceptarse el cese de la inhabilitación que pesa sobre la Sra. Elida Deheza”.
La dirigente de Encuentro Popular, que es considerada una víctima del terrorismo de Estado en Argentina, fue condenada en 1979 por presuntos actos subversivos, en una sentencia dictada a instancias de un Consejo de Guerra de la dictadura militar y que ratificó luego la Justicia Federal de Rosario, en la provincia de Santa Fe.
La pena que le aplicaron fue de diez años de prisión (que cumplió durante el gobierno de facto) e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero los delitos que le imputaron fueron derogados por leyes posteriores al regreso de la democracia en 1983, al igual que el artículo 19 bis del Código Penal que fijaba la pena accesoria de inhabilitación.
Cuando la legisladora fue presentada como precandidata a diputada por EP de cara a las primarias del 14 de agosto, el juez Calvete valoró el antecedente judicial de Deheza y ofició al Juzgado Federal Nº 2 de Rosario para que le informaran si la condena aplicada por la dictadura estaba vigente o había quedado sin efecto por la derogación de las leyes en que se basó.
Como el juzgado rosarino no evacuó a tiempo la duda, y atento a los plazos del cronograma electoral fueguino, el juez oficializó la candidatura de Deheza aunque la condicionó a que el órgano jurisdiccional de Santa Fe “no acepte el cese de la inhabilitación que pesa sobre la Sra. Elida Deheza”.
Es decir que si el juzgado santafecino “no acepta el cese de la inhabilitación”, la oficialización de la dirigente “puede ser modificada”, tal como se desprende de la resolución publicada ayer por EDFM.
¿Y si llaman de Rosario?
Sin embargo, a raíz de la repercusión pública del caso durante toda la jornada de ayer, el magistrado Federal se vio en la necesidad de “aclarar” su primer pronunciamiento.
En los considerandos de esta nueva medida, Calvete sostiene que “la redacción del (primer) fallo ha dado como consecuencia distintas interpretaciones sobre los alcances de la precandidatura”. Inclusive menciona un pedido del fiscal federal “ad hoc” Fernando Rota, para que se aclaren “los alcances de la citada decisión”.
Por todo ello, el juez reafirmó anoche que Deheza se encuentra plenamente habilitada para ser precandidata a diputada “sin condicionamiento o limitaciones”.
No obstante, la aclaración no menciona si ello implica dejar sin efecto el párrafo de la medida anterior que condicionaba la oficialización de la candidatura a que el Juzgado Nº2 de Rosario “no acepte el cese de la inhabilitación” contra Deheza.
Por lo tanto, queda claro que la dirigente está habilitada para presentarse a la elección, pero no se sabe qué ocurriría si, como el mismo juez deslizó en la medida anterior, la Justicia rosarina opinara que la inhabilitación impuesta por la dictadura sigue vigente.